jueves 27 de abril del 2017
Hector Yunes Landa

Hector Yunes Landa

Hector Yunes Landa

En México recientemente hemos conocido diversos casos de servidores públicos -de diferente filiación partidista- cuyos actos y acciones reprobables defraudaron la confianza ciudadana, causando además de un enorme daño patrimonial a las instituciones. Con su abuso del poder público generaron en los ciudadanos un sentimiento de desconfianza y reprobación general hacia la clase política.

La corrupción es una perniciosa práctica que genera pobreza y desigualdad social, siendo uno de los grandes males que hoy lastiman a México.

Es inaplazable combatir con eficiencia cualquier acto de corrupción, de falta de transparencia y deshonestidad; es imprescindible castigar con severidad a los servidores públicos, pero también a los particulares que participan en este tipo de actos.

Hay el clamor popular de poner un alto a los corruptos y castigar sus actos a través de una institución con autonomía técnica y operativa como está concebida la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción.

Ante esta complicada situación de complicidades, corruptelas y delitos, el Senado de la República, a iniciativa del Ejecutivo Federal, sentó las bases para el combate frontal y decidido a la corrupción, creando el Sistema Nacional Anticorrupción.

El nombramiento del Fiscal Anticorrupción es urgente para frenar la corrupción y el daño que ésta provoca a México, pero también para dar respuesta a una de las más fuertes demandas sociales.

Apenas la semana pasada el "Comité de Acompañamiento Ciudadano para la designación del Fiscal Anticorrupción¨ solicitó a la junta de Coordinación política del Senado el nombramiento inmediato del Fiscal, manifestando que no existe justificación técnica o jurídica para continuar aplazando su nombramiento y que su aplazamiento debilita al Sistema Nacional Anticorrupción.

Diversos senadores del PRI y del PRD, hemos exhortado a la junta de coordinación política del senado a que ponga ya a consideración del Pleno el dictamen con el que se votará y elegirá al referido Fiscal.

Creo que la pluralidad ideológica del Senado y en general de todos los congresos locales y el congreso de la unión, enriquece el andamiaje legislativo de la república. También entiendo que temas como este requieren de un mayor espacio para la reflexión y el debate, pero este nunca debe ser infinito. Recordemos que desde la reforma política del 2014 hemos venido postergando la designación del fiscal anticorrupción.
Comparto con un grupo importante de senadores y con los representantes de las organizaciones de la sociedad civil integrantes del comité de acompañamiento para la designación del fiscal anticorrupción, que no debemos postergar indefinidamente este nombramiento. Que si existe la necesidad que hacer un mayor número de reformas a las leyes que apuntalan al Sistema Nacional Anticorrupción, que estas se lleven a cabo sin necesidad de supeditar este nombramiento a dichas reformas. Sin duda que toda ley es perfectible y las que soportan al SNA no son la excepción pero como reza el sabio adagio: ¨Lo perfecto es enemigo de lo bueno¨. Por eso, yo prefiero lo bueno que existe a lo perfecto que pueda darse en el futuro. No olvidemos que el fiscal por designarse durará en su encargo hasta el último día de noviembre del 2018.

No tengo duda alguna de que cualquiera de los 23 candidatos que obtuvieron el dictamen de idoneidad por haber cumplido con los requisitos de ley para ocupar la titularidad de esta fiscalía, está calificado para cumplir una muy buena gestión de esta urgente demanda ciudadana.

Personalmente estoy convencido de que, antes de que termine el actual periodo ordinario de sesiones, podemos y debemos designar a quien será el primer fiscal anticorrupción en la historia de la república.

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Hector Yunes Landa

Hablar del caso Javier Duarte no tiene la menor intención de “hacer leña del árbol caído”. A todas luces esta historia es poco menos que una tragedia y si bien, no puedo alegrarme de la desgracia ajena, por más agravios que en lo personal recibí, considero por demás justa su detención y sujeción a proceso judicial para que responda por sus delitos.

Para Veracruz, fue lamentable que un hombre joven que pudo haber entregado buenas cuentas como nuestro gobernante y haberse forjado un futuro promisorio haya terminado de manera tan deplorable, desprestigiado, humillado, repudiado de la forma que atestiguamos.

Nunca fuimos amigos, si lo hubiéramos sido lo admitiría. Por el contrario, la vida nos enfrentó al menos tres veces: la primera cuando competí contra él por la candidatura del PRI a la gubernatura hace siete años, en el 2010; la segunda en el 2012, cuando intentó impedir de diversas maneras que yo fuera candidato a senador de la República y, la tercera, hace más de un año, cuando trató de impedir a toda costa que fuera candidato del PRI al gobierno de Veracruz y boicoteó mi candidatura hasta ser un factor determinante para la derrota.

Siempre critiqué su visión frívola de la política y del servicio público. Lo hice de frente, en privado y en público, quizá por eso, actuó contra mí llegando al extremo de tratar de causarme agravios públicos que rayaron en la burla como aquella ocasión en que, con el pretexto de mi cumpleaños, públicamente me entregó una caña de pescar para atrapar a "peces gordos" que, en su opinión, serían más corruptos que él, refiriéndose al actual gobernador Miguel Ángel Yunes y sus hijos, a lo que, en su momento, como una persona bien nacida, respondí con la mayor firmeza exigiéndole respeto para mis familiares no obstante nuestras diferencias ideológicas y de militancia partidista, sin importar que eso pusiera en riesgo mi candidatura al Gobierno del Estado de Veracruz.

No hay duda que, por mérito propio, Duarte será recordado como una de las peores muestras de la corrupción en México e incluso lo refieren, a nivel mundial.

Por otra parte, resulta lamentable que, no obstante la pasmosa ineficiencia que ha mostrado en sus primeros dos trimestres de los ocho que durará su gobierno, Miguel Ángel Yunes esté intentando lucrar electoralmente con la detención de Duarte, al obstinarse en colgarse un mérito que le es ajeno.

Da repulsión, constatar el nivel de “rapiña política” que exhibe quien está resultando, por increíble que resulte creerlo, peor que el propio Duarte; aunado a que también parece olvidársele que pesan sobre él sendas denuncias ante la PGR por actos precisamente de corrupción que seguramente quisiera quedaran en el olvido.

Lo que es evidente es que el Gobierno Federal ha dado muestras palpables de su voluntad política para luchar contra la corrupción. Así lo demuestra la detención y sujeción a proceso judicial de seis ex gobernadores y uno prófugo: Granier, Reyna, Femat, Padrés, Yarrington, Javier y César Duarte. Antes, ningún presidente de la República había hecho algo semejante.

Deseo, con toda mi convicción, que pronto podamos concretar el pleno funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, para evitar que se repitan estos lamentables casos de corrupción y abuso del poder. De lo contrario, seguiremos viendo casos de cómo ex gobernadores son procesados, pero que los suceden personajes, como el caso de actual gobernador de Veracruz, con severos cuestionamientos a su "honestidad" acumulados en su larga vida como servidor público y con pírricos resultados al frente del poder ejecutivo de nuestro estado y que pretende ocultar con un penoso "show" mediático para justificar su ya clásico: No hay, no se puede, todo se lo llevaron.

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Hector Yunes Landa

Los Juegos Parapanamericanos Juveniles se realizaron por primera ocasión hace apenas 12 años en Barquisimeto, Venezuela –conocida como la ciudad musical de este país-; siguiendo las sedes de Bogotá, Colombia en el 2009 y Buenos Aires, Argentina en el 2013.

Este año, la sede de esta justa deportiva fue Sao Paolo, Brasil, que del 20 al 25 de marzo recibió a más de mil atletas de 20 países, con edades de entre 14 y 21 años, que compitieron en 12 deportes paralímpicos.

México, ha venido sido un importante protagonista en dichos Juegos y esta ocasión no fue la excepción, al quedar ubicado en el tercer lugar de la tabla general con 73 medallas -22 de oro, 29 de plata y 22 de bronce-; sólo por debajo de Brasil, país anfitrión, y de Colombia.

Para el titular del Deporte Adaptado de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) el balance de nuestra selección fue muy bueno, cumpliéndose con dos objetivos: la clasificación y el fogueo internacional, al acudir por primera ocasión 84 jóvenes mexicanos que continuarán preparándose con miras a ser los futuros atletas Paralímpicos.

La delegación mexicana estuvo conformada por 96 atletas que compitieron en nueve de doce disciplinas: atletismo, baloncesto en silla de ruedas, boccia, futbol cinco, golbol, judo, levantamiento de pesas, natación y tenis de mesa.

Veracruz, a pesar de todo, estuvo presente en los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2017, al formar parte 7 veracruzanos de nuestra delegación nacional: Vania Michelle Hernández Martínez, Cristhell Alejandra Hernández Román, Fernando de la Calleja Gallardo, María del Carmen Neri Martínez, Estefani Michelle Portilla Alvarado, Ángel de Jesús Castán Gómez y Martha Beatriz Reyes Domínguez, quien fungió como delegada al ser presidenta de la Asociación Veracruzana de Deportistas sobre Sillas de Ruedas.

Y es que debemos recordar que a principios del mes de marzo, estos extraordinarios deportistas veracruzanos, decidieron “botear” en la calles para sufragar sus pasajes redondos de Veracruz a la Ciudad de México y de ahí, con el apoyo de la CONADE, partir a Brasil.

Este lamentable suceso fue refutado por el gobierno del Estado de Veracruz, con el argumento de que el Instituto Veracruzano del Deporte no podía brindar el apoyo, al menos a Castán Gómez y Portilla Alvarado, porque según no estaban en la lista oficial de calificados al “2017 Youth Parapan American Games NPC México”.

Cosas del destino, ellos dos, al igual que los demás atletas veracruzanos, pusieron en alto el nombre de Veracruz y México, al traerse la medalla de Plata en Natación y, en el caso de Estefani, imponer dos récords americanos en lanzamiento de Clava y Disco.

La participación y triunfos de Ángel de Jesús y Esfani Michelle en los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2017, echó por tierra los argumentos inoportunos del “gobierno del cambio” para no apoyarlos.

Nuestros atletas convencionales y paralímpicos se preparan arduamente y asumen, al representarnos, la gran responsabilidad con su familia, con su estado y país. Su preparación para alcanzar la meta de participar en una competencia sea local o internacional, es difícil, dura, constante, de muchos sacrificios, que ven recompensados al romper una marca, ganar cada competencia y pasar a los procesos de selección para formar parte de una delegación estatal y nacional.

Por eso, desde el Senado de la República, venimos contribuyendo al impulso del deporte, no sólo gestionando recursos para mejorar la infraestructura deportiva y de espacios públicos propicios para la práctica del deporte, también con puntos de acuerdo, como el que presenté el pasado martes, para que los gobiernos federal y de los estados implementen y promuevan mejores programas de apoyo a los deportistas de alto rendimiento, en su modalidad convencional y paralímpico, con el objetivo de que nuestros deportistas cuenten con los recursos materiales y económicos para potenciar su talento y logros deportivos.

Esperamos por el bien de Veracruz que Miguel Ángel Yunes deje ya el pan y el circo y asuma pronto la tarea de gobernar.

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Hector Yunes Landa
Como todo veracruzano lamento profundamente que la violencia se haya desbordado en el conflicto sindical de Tenaris- Tamsa.

La funesta noticia que enlutó dos hogares veracruzanos y acaparó la mirada nacional, dista mucho de lo que es y de lo que significa esta empresa para Veracruz y para México.

El enfrentamiento entre trabajadores y ex trabajadores de esta empresa de talla mundial, pudo y debió evitarse por parte de las autoridades estatales.

Sin embargo, frente al conflicto, imperó la indolencia, la desidia e incapacidad del Gobierno de Veracruz.

El titular del poder ejecutivo del estado, tenía la obligación de que el conflicto se resolviera o al menos que no se agudizará. Más aún después de que los medios de comunicación alertaron sobre la tendencia del conflicto a complicarse.

Su obligación, ante el pleno conocimiento de que los ánimos podrían exacerbarse era, al menos, no caer en la tentación de capitalizar políticamente el problema.

Tenía, como experto en materia de seguridad que en campaña aseguró ser, la inherente obligación de prevenir la violencia mediante el acompañamiento de las acciones y pasos que, por separado o conjuntamente, dieran los grupos de trabajadores y sus representantes, a fin de propiciar y garantizar el ambiente más estable posible hasta que las autoridades laborales concluyeran el proceso de validación de la elección gremial.

Lamentablemente, hay que decirlo, la desconexión de la problemática social del Gobernador, ante la pérdida de tiempo de este último ocasionada por su enfermiza confrontación mediática con un dirigente partidista nacional, ha ocasionado una desatención impensable de un gobierno que en campaña se ganó la confianza ciudadana mediante promesas de que regresaría la tranquilidad al territorio veracruzano, lo que no solo no ha sucedido, sino que, por el contrario ha empeorado, al grado que tírios y troyanos, a poco más de los primeros 100 días de este "auto llamado" gobierno del cambio, ya lo califican como peor que el gobierno de Duarte, que ya es decir.

Desafortunadamente el desencanto llegó muy rápido, máxime para quienes confiaron en las promesas de cambio y en su reiterada falacia de que la seguridad y la gobernabilidad eran sus mayores fortalezas.

La violencia y sangre corrieron en Tamsa, empresa emblemática de Veracruz, que cotiza desde 1953 en la Bolsa Mexicana de Valores y fue la primera firma mexicana en el Mercado de Valores Estadounidense.

En la actualidad, a 65 años de fundada, Tenaris - Tamsa es uno de los más sólidos pilares del crecimiento económico del estado de Veracruz, genera aproximadamente cinco mil empleos directos y más de 23 mil indirectos.

Lo que sucedió en esta empresa, es reflejo de lo que sucede en otras partes del estado: no hay voluntad para el diálogo, no hay planes de seguridad, pero sí campañas y shows mediáticos.

A pocos días de conmemorar un año más de su magnicidio, recordamos una sentencia de Luis Donaldo Colosio que hoy, con el "auto llamado" gobierno del cambio cobra particular actualidad "la reversa también es un cambio".

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Hector Yunes Landa
Como senador de la República por Veracruz, este lunes 13 de marzo, haré un balance, una disección, a los primeros 100 días del gobierno estatal de Miguel Ángel Yunes, catalogado por muchos como de los peores recordados en el inicio de un gobierno.

En rubros tan sensibles como la seguridad, se percibe, y la ciudadanía lo expresa, que la situación es peor que cuando gobernaba Duarte de Ochoa.

El desempleo propiciado por la falta de nuevas inversiones, de la falta de pago a proveedores y el despido injustificado de miles de trabajadores del gobierno del estado -que en su mayoría confiaron y apoyaron con su voto al ahora gobernador de Veracruz- es otro de los temas que han provocado desencanto por este auto llamado gobierno del cambio.

La expectativa generada en campaña por las promesas del ahora gobernador Yunes Linares y el incumplimiento de muchas de ellas, ha provocado que los veracruzanos exijan que ya se ponga a trabajar y deje de lado su protagonismo mediático y sus confrontaciones políticas que solo tienen el propósito de desviar la atención de los temas que mas aquejan a los veracruzanos.

El quebranto financiero tampoco se resolverá con declaraciones, sino con transparencia, con estrategias, con una reingeniería gubernamental, con eficiencia y planes de austeridad. A la fecha no hay transparencia y sí más deuda, la cual por cierto incrementó a menos de 20 días de iniciado su gobierno.

Hoy haré un corte de caja de los primeros 100 días de su gobierno, los que son ya calificados por propios y ajenos, como los peores en la historia de Veracruz.

Ese era el cambio que nos prometió? O será que nos engañó con la verdad teniendo en mente durante su campaña que, como en los coches, la reversa también es un cambio?


Hector Yunes Landa
Históricamente los gobiernos emanados del PRI han trabajado por el desarrollo de nuestro país, caracterizándose por su alto sentido social, sin embargo, en la actualidad los triunfos del partido dependerán cada vez más, en la medida que sus gobiernos derroten el rezago y el hartazgo social.

La tarea de los priistas es velar porque nuestro partido no se extravíe de abanderar las causas sociales, por las que precisamente surgió el PRI hace 88 años.

El PRI nació para dar respuesta al clamor social y hacer tangibles los ideales de la Revolución Mexicana.

Los sistemas de educación, de salud pública, de seguridad social, el desarrollo industrial y la apertura comercial se dieron gracias a la visión y trabajo de gobiernos emanados del PRI.

En este México contemporáneo, fue un gobierno del PRI, el que impulsó las grandes reformas que el país requería y que los gobiernos del PAN fueron incapaces de promover.

En nuestro estado, Veracruz, los gobiernos priistas, en su mayoría, trabajaron arduamente por llevar desarrollo a los municipios, por abatir el rezago social y explotar nuestras potencialidades en el campo y pesca.

Como militante, veo un partido fuerte, con desafíos mayores: debemos llevar mayor bienestar en los 15 estados donde gobierna el partido y acelerar el ritmo para seguir moviendo a México.

En Veracruz, el PRI tiene mucho que dar. En el marco del proceso interno para la selección de candidatos a presidentes municipales, se registraron compañeros con talento, preparación, experiencia y valores éticos.

Mis compañeros de partido merecen respeto a su militancia y el apoyo irreductible de las dirigencias estatal y nacional para ser candidatos competitivos y, sobre todo, del respaldo solidario de la militancia.

Por ello, alce la voz e hice público mi desacuerdo con el trato que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Enrique Ochoa Reza tiene para la militancia veracruzana.

Decía Luis Donaldo Colosio que “un dirigente político tiene la obligación de ser un hombre singularmente informado, conocer las opciones que existan para cada cuestión y tener los elementos suficientes para elaborar juicios y formular estrategias, pero ni toda la sabiduría acumulada legitima a un dirigente como el diálogo con sus representados y el acatamiento de sus instrucciones."

Mi disconformidad, no es en los hechos una ruptura, ni deslealtad. Alzo la voz, con la plena libertad y ejercicio de mis derechos por los precisamente ha velado el Partido Revolucionario Institucional.

Sin temor a equivocarme, los triunfos que el partido obtenga en Veracruz serán mérito exclusivo de nuestra militancia y de la dirigencia estatal.

Si bien la delegada del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Lorena Martínez, ha mostrado total disposición y diálogo, el retraso de más de seis meses en su designación, le impide conocer a detalle a todos los grupos internos, sus fortalezas y los intereses creados, así como la de todos los aspirantes.

Tanto la delegada nacional como el presidente estatal del PRI, Renato Alarcón, debemos reconocer han puesto su talento y todo su empeño para sacar adelante el proceso interno de selección de candidatos.

Aprovecho este espacio para reiterar mi reconocimiento también al ex presidente del Comité Directivo Estatal, Amadeo Flores Espinosa, quien en aras de fortalecer al partido, señaló de manera oportuna y pública lo que el PRI veracruzano necesita para encauzar su rumbo y recuperar la confianza y aceptación ciudadana.

En el PRI de Veracruz nos congratulamos por tener una militancia dispuesta a dar la batalla electoral, la daremos quienes realmente queremos un mejor estado y quienes conocemos de gratitud y lealtad partidista, sabedores que tenemos la oportunidad de salir avantes, al sanear al partido con buenos candidatos que harán, sin duda, mejores gobiernos.


Hector Yunes Landa
Dada la indiferencia del Gobierno del Estado ante la incertidumbre, la angustia y el temor de nuestros paisanos en Estados Unidos de América por ser deportados, una vez más fui, la semana que ayer concluyó, a encontrarme con ellos a otro estado de la Unión Americana. Fui a decirles y a mostrarles que no están solos, que tienen el apoyo legal del gobierno y el moral de millones de mexicanos que admiramos su valentía por forjarse un futuro mejor con mucho esfuerzo en un país ajeno.

Nadie puede calificar de oportunista mi presencia en Houston pues hay antecedentes que desde hace años me reúno con los veracruzanos que radican allá, lo que motivó que desde septiembre de 2015 apoyara, con mi sueldo como senador de la República, para sufragar los servicios básicos y la renta de la Casa Veracruz en Los Ángeles, California y a partir de octubre del año pasado la Casa Veracruz en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde radican, aproximadamente, 200 mil "Juarochos", llamados así por vivir en Juárez y ser de origen Jarocho.

Derivado de promover desde el Senado mexicano la causa de los migrantes veracruzanos, es que otros compañeros senadores, de distintos partidos políticos que integran "Operación Monarca", me invitaron a formar parte de este grupo parlamentario plural cuyo propósito es impulsar un mayor respaldo a nuestros connacionales en EUA.

Durante mi estancia en Houston, Texas, me reuní con el cónsul General, con el sheriff de ese Condado y, desde luego, con un grupo muy representativo de la comunidad veracruzana que radica en ese lugar. Con el propósito de apoyarles de mejor manera, designé como director de la Casa Veracruz en Houston a Fernando Portilla, un tempoalense a quien el Sueño Americano se le hizo realidad, al ser ahora el dueño de una de las taquerías más exitosas de la Unión Americana denominada "El Taconazo de Veracruz" y quien cada año, con sus propios recursos, organiza el Xantolo, festival tradicional del Día de Muertos en Tempoal, su tierra originaria, a la que asisten cientos de veracruzanos radicados en aquella parte del país vecino; y aproveché también para designar a Adán Hernández, un joven nacido en Laredo, Texas, pero hijo de padres de Poza Rica, como director de Casa Veracruz en el Estado de Texas.

A esta gira me acompañó el director General de Casa Veracruz en toda la Unión Americana, Roberto Holguin, un exitoso empresario nacido en Huatusco y radicado en Los Angeles desde los 17 años de edad.

En mis reuniones entregué a nuestros paisanos un manual en el que se les explica, paso a paso, lo que deben hacer si alguna autoridad norteamericana toca su puerta con el propósito de deportarlos y lo que deben de hacer en caso de ser detenidos con fines de extradición.

Expliqué a nuestros paisanos que la relación entre ambos países no depende exclusivamente de los gobiernos, sino que es más amplia y que los mexicanos sabemos perfectamente distinguir entre la sociedad norteamericana y su gobierno.

Si bien es cierto que entre la comunidad hispana impera el pánico por las redadas y deportaciones masivas que ha emprendido el gobierno de Trump, también lo es que entre las autoridades norteamericanas hay aliados de la causa migrante a quienes el cónsul de México, Óscar Rodríguez, los ha vinculado para devolver la tranquilidad a la comunidad de mexicanos en la demarcación diplomática a su cargo.

Por ello en Houston, donde radican millón y medio de mexicanos, de los cuales 300 mil son indocumentados, no hay redadas, ni búsquedas generalizadas de migrantes en escuelas y lugares públicos. Lo anterior, debido, fundamentalmente a que el sheriff del Condado de Harris, Ed González, renunció públicamente a apoyar al Departamento de Inmigración y Aduanas (ICE), argumentando falta de recursos financieros. Así, en Texas, son pocos los condados que prestan apoyo al ICE, por lo que nuestros paisanos pueden salir libremente a las calles, ya que los alguaciles no revisarán el estatus migratorio de las personas detenidas, ni lo reportarán a inmigración.

Asimismo, constaté el gran esfuerzo que el Consulado de México en Houston hace por atender las necesidades de nuestros paisanos.

En las reuniones que sostuve con autoridades, empresarios y paisanos fui claro en fijar la postura que la relación entre ambos países no depende de los gobiernos, es más amplia, pues tenemos 195 años de relaciones diplomáticas. Es decir, es una relación que trasciende presidentes y gobiernos.

Tenemos realidades inmutables: Una frontera de 3 mil kilómetros, lazos culturales e integración económica. Diariamente un millón de personas y 437 mil vehículos transitan de manera ordenada y lícita a través de los 58 cruces fronterizos entre nuestros países. La relación comercial bilateral asciende a 500 mil millones de dólares. Cada minuto se comercializa entre ambas naciones 1 millón de dólares. México es el segundo socio comercial de Estados Unidos y el primer destino de las exportaciones de California, Arizona y Texas, y el segundo mercado para otros 20 estados.

La sociedad norteamericana ha sido históricamente amiga de México, cada año alrededor de 8.3 millones de norteamericanos visitan nuestro país y hay 2 millones de norteamericanos que radican con nosotros.

Por más que Trump se empeñe, no habrá muro que corte los lazos de hermandad que unen a ambas naciones.

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Hector Yunes Landa
Los veracruzanos no podemos aspirar a que cambien las condiciones que imperan en nuestro estado, si desde la cúpula gubernamental continúan aplicándose las mismas acciones que tanto se cuestionaron de la pasada administración estatal.

En mi natal Soledad de Doblado se suele decir cuando una persona señala a otra constantemente: ten cuidado de no ser lo que tanto criticas.

Lo anterior viene a colación porque el Congreso del Estado de Veracruz recibió por parte del nuevo gobernador la iniciativa para reestructurar la deuda pública del estado.

Pese a que se trata de un proyecto financiero de la mayor importancia, porque está en juego el futuro de Veracruz, la iniciativa adolece -en forma y fondo- de uno de los principios más importantes en materia financiera: la transparencia.

Se pretende contratar más deuda para pagar la existente y ampliar el periodo de pago a medio siglo, sin informar con qué bancos o instituciones crediticias, a que tasas de interés, el número de operaciones, ni el nombre y honorarios de los asesores financieros que intervendrían en dichas operaciones financieras.

En el pasado, se criticó duramente las cantidades millonarias que los asesores financieros cobraron, pero ahora, ni siquiera se informa quiénes intervendrían y cuánto cobrarían, aunque es de dominio público que los honorarios corresponderían a un porcentaje del total de la suma, en este caso, sobre 46 mil millones de pesos.

En la iniciativa, además, se pretende dar todas las comodidades y libertad de decisión a los bancos o instituciones crediticias, por lo que el gobierno y los Veracruzanos quedaríamos a merced de lo que dispongan.

Considero que no es sano, ni contribuirá en lo absoluto a que Veracruz cambie, el trato que el nuevo gobernador da a los presidentes municipales que afanosamente buscan reunirse con quienes administran los recursos financieros del estado, para conocer el calendario de pago y destino de las participaciones federales que la Secretaría de Finanzas y Planeación debe depositarles a los Ayuntamientos veracruzanos.

Como respuesta a la justa petición de los presidentes municipales,el titular del ejecutivo estatal fue que eran unos desvergonzados. Al respecto, hay que recordarle que tiene la obligación de conformidad al artículo 115 Constitucional,deadoptar la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base al municipio libre; aunado a que el citado artículo en su fracción IV, inciso c, faculta a los municipios a administrar libremente los recursos provenientes de las participaciones federales.

De igual manera, el artículo 71 de nuestra Constitución Política Local, en su fracción II, se establece que “Las participaciones federales serán cubiertas a los municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por el Congreso del Estado;”.

De ahí la obligación del gobierno estatal de entregar dichas participaciones tal como hace meses diversos ediles del PAN y PRD lo exigían a grado tal de tomar el Palacio de Gobierno y que ahora en sospechosa actitud callan.

Por otra parte, a diferencia de lo expresado por el gobernador del Estado, la titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación está obligada, de conformidad al artículo 12, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a asesorar a los Municipios del Estado, cuando estos lo soliciten. La SEFIPLAN no puede dedicarse a ser una gestora. Tiene la obligación de concertar, dialogar y emprender políticas públicas que resuelva los problemas.

No puede haber asunto más importante que atender las responsabilidades constitucionales y fortalecer a las instituciones, en este caso municipales, que son el gobierno directo de 8 millones de veracruzanos.

El centralismo que pretende instaurar el gobernador de Veracruz viola el espíritu del pacto federal, aspecto que la Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM) tendrá que tomar en cuenta para que se respete a la autoridad municipal.

A más de dos meses del nuevo gobierno de Veracruz, desafortunadamente se ha dejado además de estridencias, visos de intolerancia, falta de transparencia y rendición de cuentas.

Por el bien de Veracruz, las autoridades estatales están a tiempo de cambiar el rumbo. No vaya a ser que la historia se repita en detrimento de nuestro estado.

Hector Yunes Landa
La corrupción es uno de los principales problemas que registra nuestro país y en otras latitudes del mundo.

Por ello, existen esfuerzos internacionales que promueven y facilitan la cooperación entre los países para prevenir y combatir la corrupción.

Nuestro país tiene signados Acuerdos Internacionales en materia anticorrupción con la ONU, OCDE, OEA y la Academia Internacional contra la Corrupción (IACA).

Por ello, en seguimiento a estos Acuerdos, presenté el pasado jueves ante el Pleno del Senado de la República un punto de acuerdo de urgente resolución para exhortar a diversas dependencias federales a investigar y, en su caso, sancionar los posibles actos de corrupción realizados en nuestro país por la farmaceuta Teva.

Recientemente se dio a conocer que autoridades estadounidenses multaron por más de 500 millones de dólares a la farmacéutica israelí Teva, al comprobarse que la empresa pagó a médicos de hospitales públicos y funcionarios del sector de salud de México varios millones de pesos para promover productos de la farmacéutica, en particular, el medicamento Copaxone, diseñado para el tratamiento de la esclerosis múltiple. La multa se impuso tras la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Las distintas publicaciones señalan que la farmacéutica Teva evitó el juicio ante la justicia estadounidense debido a que llegó a un acuerdo, el pasado 22 de diciembre de 2016, por un pago de 520 millones de dólares, una vez que la empresa israelí reconociera haber realizado sobornos millonarios a funcionarios de Rusia, Ucrania y México.

Dichos pagos ilegales formaban parte de la estrategia de Teva para posicionarse como la principal productora de medicinas genéricas en el mundo y alcanzar ganancias por más de 221 millones de dólares.

Para ello, incidió en la aprobación de regulaciones médicas y en la compra de medicamentos por parte de hospitales públicos.

La investigación detectó que Teva hizo pagos ilegales a funcionarios del sector salud mexicano desde 2005 hasta 2012 y advierte que no es el primer escándalo de la farmacéutica, pues en el año 2007 ya había sido investigada en Estados Unidos, también por prácticas corruptas.

La investigación contra la farmacéutica israelí, por sobornos internacionales, comenzó al violar la ley estadounidense de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), por lo que el proceso se radicó en la Corte Federal para el Distrito Sureste de Florida y en el que se presentaron documentos en los que se mencionan que Teva pagó miles de dólares en efectivo, comidas, regalos y viajes a Cancún para médicos empleados de hospitales públicos de nuestro país.

Se documentó que entre los años 2011 y 2012, Teva México obtuvo contratos por unos 16,865,489 dólares y uno de los corrompidos fue un reconocido e influyente neurólogo que trató a pacientes con esclerosis múltiple y que tuvo altos cargos en hospitales y otras instituciones de salud pertenecientes al gobierno mexicano.

Se sabe que la PGR documentó que la farmacéutica Teva llegó a México en 2004 comprando, desde entonces, compañías del sector farmacéutico e incluso del mercado inmobiliario y de servicios, entre las que se incluyen Lemery S. A. de C. V., Sicor de México; Ivax Phamaceuticals México, y Vitrum División Farmacéutica.

Finalmente, se reiteró en medios de comunicación que el distribuidor pagó entre 9 mil y 30 mil dólares cada año para influir en las recetas, mientras que Teva pagó directamente 159 mil dólares a funcionarios mexicanos en 2012; por ello, la empresa israelí reconoció los sobornos ante el Departamento de Justicia y acordó pagar una multa por 283 millones 177 mil 348 dólares en beneficio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos; además de 236 millones 101 mil 824 dólares junto con la empresa distribuidora.

Se trata de un caso de corrupción internacional que debe ser investigado, y sancionado por las autoridades mexicanas.

Involucra el pago de 16.8 millones de dólares a médicos y funcionarios de hospitales públicos de nuestro país, por parte de la subsidiaria del grupo Teva Pharmaceutical Industries y sostiene que la farmacéutica reconoció ganancias ilícitas por 214 millones de dólares entre los años 2005 y 2012.

La investigación en comento, puede representar la punta del iceberg en los casos de corrupción en el sector salud de nuestro país, la cual afecta también a Veracruz donde se han dado a conocer actos que podrían representar la comisión de ilícitos graves, y que de comprobarse, deben ser ejemplarmente castigados.


Hector Yunes Landa
A cien años de la promulgación de la Constitución Política de 1917, los legisladores federales nos aprestamos para hacer cumplir su mandato y garantizar en su totalidad que los mexicanos recibamos educación gratuita y de calidad.

Recientemente, en el Senado de la República recibimos la iniciativa preferente del presidente Enrique Peña Nieto para reformar la Ley Federal de Educación y con ello garantizar que los migrantes mexicanos que retornen al país puedan ingresar al Sistema Educativo Nacional.

Como nación nos preparamos así, para hacer frente a las políticas discriminatorias y hostiles que se han puesto en marcha en el vecino país del norte.

De aprobarse esta reforma, protegeremos los derechos fundamentales de millones de mexicanos que por diversas razones migraron -o nacieron fuera- del territorio nacional.

Se estima que son 35 millones de personas con orígenes mexicanos los que viven en Estados Unidos de Norteamérica, representando el 63 por ciento de la comunidad hispana radicada en ese país.

De acuerdo con un análisis del Pew Research Center, hay 5.3 millones de mexicanos indocumentados, quienes habitan principalmente en los estados del sur de la unión americana.

La iniciativa que analizaremos contempla que las instituciones privadas de educación superior con reconocimiento de validez oficial, revaliden y otorguen equivalencias parciales de estudios de licenciatura.

También se pretende mandatar desde el artículo 33 de la Ley General de Educación que la falta de documentos de identidad, o académicos de niñas, niños y adolescentes, no sean obstáculo para que accedan al sistema educativo nacional.

Es decir, las autoridades, deberán dar las facilidades para que se obtenga la documentación que permita la integración o tránsito por el sistema educativo nacional de las niños, niños y adolescentes.

Lo anterior es de total importancia, pues son innumerables los casos de hijos de migrantes mexicanos que -por falta de documentación- no pueden ingresar a las instituciones educativas del país.

Se pretende también establecer que los estudios realizados fuera del país sean válidos, cumpliendo los procedimientos que marcará la Secretaría de Educación.

Se trata de una iniciativa que propone fortalecer el respeto a los derechos humanos, en especial, al acceso a educación gratuita y de calidad, tal como lo mandata la Constitución.

Con toda la fuerza del Estado Mexicano, se seguirá protegiendo a los mexicanos.

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