domingo 28 de mayo del 2017
Hector Yunes Landa

Hector Yunes Landa


Hector Yunes Landa
Dada la indiferencia del Gobierno del Estado ante la incertidumbre, la angustia y el temor de nuestros paisanos en Estados Unidos de América por ser deportados, una vez más fui, la semana que ayer concluyó, a encontrarme con ellos a otro estado de la Unión Americana. Fui a decirles y a mostrarles que no están solos, que tienen el apoyo legal del gobierno y el moral de millones de mexicanos que admiramos su valentía por forjarse un futuro mejor con mucho esfuerzo en un país ajeno.

Nadie puede calificar de oportunista mi presencia en Houston pues hay antecedentes que desde hace años me reúno con los veracruzanos que radican allá, lo que motivó que desde septiembre de 2015 apoyara, con mi sueldo como senador de la República, para sufragar los servicios básicos y la renta de la Casa Veracruz en Los Ángeles, California y a partir de octubre del año pasado la Casa Veracruz en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde radican, aproximadamente, 200 mil "Juarochos", llamados así por vivir en Juárez y ser de origen Jarocho.

Derivado de promover desde el Senado mexicano la causa de los migrantes veracruzanos, es que otros compañeros senadores, de distintos partidos políticos que integran "Operación Monarca", me invitaron a formar parte de este grupo parlamentario plural cuyo propósito es impulsar un mayor respaldo a nuestros connacionales en EUA.

Durante mi estancia en Houston, Texas, me reuní con el cónsul General, con el sheriff de ese Condado y, desde luego, con un grupo muy representativo de la comunidad veracruzana que radica en ese lugar. Con el propósito de apoyarles de mejor manera, designé como director de la Casa Veracruz en Houston a Fernando Portilla, un tempoalense a quien el Sueño Americano se le hizo realidad, al ser ahora el dueño de una de las taquerías más exitosas de la Unión Americana denominada "El Taconazo de Veracruz" y quien cada año, con sus propios recursos, organiza el Xantolo, festival tradicional del Día de Muertos en Tempoal, su tierra originaria, a la que asisten cientos de veracruzanos radicados en aquella parte del país vecino; y aproveché también para designar a Adán Hernández, un joven nacido en Laredo, Texas, pero hijo de padres de Poza Rica, como director de Casa Veracruz en el Estado de Texas.

A esta gira me acompañó el director General de Casa Veracruz en toda la Unión Americana, Roberto Holguin, un exitoso empresario nacido en Huatusco y radicado en Los Angeles desde los 17 años de edad.

En mis reuniones entregué a nuestros paisanos un manual en el que se les explica, paso a paso, lo que deben hacer si alguna autoridad norteamericana toca su puerta con el propósito de deportarlos y lo que deben de hacer en caso de ser detenidos con fines de extradición.

Expliqué a nuestros paisanos que la relación entre ambos países no depende exclusivamente de los gobiernos, sino que es más amplia y que los mexicanos sabemos perfectamente distinguir entre la sociedad norteamericana y su gobierno.

Si bien es cierto que entre la comunidad hispana impera el pánico por las redadas y deportaciones masivas que ha emprendido el gobierno de Trump, también lo es que entre las autoridades norteamericanas hay aliados de la causa migrante a quienes el cónsul de México, Óscar Rodríguez, los ha vinculado para devolver la tranquilidad a la comunidad de mexicanos en la demarcación diplomática a su cargo.

Por ello en Houston, donde radican millón y medio de mexicanos, de los cuales 300 mil son indocumentados, no hay redadas, ni búsquedas generalizadas de migrantes en escuelas y lugares públicos. Lo anterior, debido, fundamentalmente a que el sheriff del Condado de Harris, Ed González, renunció públicamente a apoyar al Departamento de Inmigración y Aduanas (ICE), argumentando falta de recursos financieros. Así, en Texas, son pocos los condados que prestan apoyo al ICE, por lo que nuestros paisanos pueden salir libremente a las calles, ya que los alguaciles no revisarán el estatus migratorio de las personas detenidas, ni lo reportarán a inmigración.

Asimismo, constaté el gran esfuerzo que el Consulado de México en Houston hace por atender las necesidades de nuestros paisanos.

En las reuniones que sostuve con autoridades, empresarios y paisanos fui claro en fijar la postura que la relación entre ambos países no depende de los gobiernos, es más amplia, pues tenemos 195 años de relaciones diplomáticas. Es decir, es una relación que trasciende presidentes y gobiernos.

Tenemos realidades inmutables: Una frontera de 3 mil kilómetros, lazos culturales e integración económica. Diariamente un millón de personas y 437 mil vehículos transitan de manera ordenada y lícita a través de los 58 cruces fronterizos entre nuestros países. La relación comercial bilateral asciende a 500 mil millones de dólares. Cada minuto se comercializa entre ambas naciones 1 millón de dólares. México es el segundo socio comercial de Estados Unidos y el primer destino de las exportaciones de California, Arizona y Texas, y el segundo mercado para otros 20 estados.

La sociedad norteamericana ha sido históricamente amiga de México, cada año alrededor de 8.3 millones de norteamericanos visitan nuestro país y hay 2 millones de norteamericanos que radican con nosotros.

Por más que Trump se empeñe, no habrá muro que corte los lazos de hermandad que unen a ambas naciones.

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Hector Yunes Landa
Los veracruzanos no podemos aspirar a que cambien las condiciones que imperan en nuestro estado, si desde la cúpula gubernamental continúan aplicándose las mismas acciones que tanto se cuestionaron de la pasada administración estatal.

En mi natal Soledad de Doblado se suele decir cuando una persona señala a otra constantemente: ten cuidado de no ser lo que tanto criticas.

Lo anterior viene a colación porque el Congreso del Estado de Veracruz recibió por parte del nuevo gobernador la iniciativa para reestructurar la deuda pública del estado.

Pese a que se trata de un proyecto financiero de la mayor importancia, porque está en juego el futuro de Veracruz, la iniciativa adolece -en forma y fondo- de uno de los principios más importantes en materia financiera: la transparencia.

Se pretende contratar más deuda para pagar la existente y ampliar el periodo de pago a medio siglo, sin informar con qué bancos o instituciones crediticias, a que tasas de interés, el número de operaciones, ni el nombre y honorarios de los asesores financieros que intervendrían en dichas operaciones financieras.

En el pasado, se criticó duramente las cantidades millonarias que los asesores financieros cobraron, pero ahora, ni siquiera se informa quiénes intervendrían y cuánto cobrarían, aunque es de dominio público que los honorarios corresponderían a un porcentaje del total de la suma, en este caso, sobre 46 mil millones de pesos.

En la iniciativa, además, se pretende dar todas las comodidades y libertad de decisión a los bancos o instituciones crediticias, por lo que el gobierno y los Veracruzanos quedaríamos a merced de lo que dispongan.

Considero que no es sano, ni contribuirá en lo absoluto a que Veracruz cambie, el trato que el nuevo gobernador da a los presidentes municipales que afanosamente buscan reunirse con quienes administran los recursos financieros del estado, para conocer el calendario de pago y destino de las participaciones federales que la Secretaría de Finanzas y Planeación debe depositarles a los Ayuntamientos veracruzanos.

Como respuesta a la justa petición de los presidentes municipales,el titular del ejecutivo estatal fue que eran unos desvergonzados. Al respecto, hay que recordarle que tiene la obligación de conformidad al artículo 115 Constitucional,deadoptar la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base al municipio libre; aunado a que el citado artículo en su fracción IV, inciso c, faculta a los municipios a administrar libremente los recursos provenientes de las participaciones federales.

De igual manera, el artículo 71 de nuestra Constitución Política Local, en su fracción II, se establece que “Las participaciones federales serán cubiertas a los municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por el Congreso del Estado;”.

De ahí la obligación del gobierno estatal de entregar dichas participaciones tal como hace meses diversos ediles del PAN y PRD lo exigían a grado tal de tomar el Palacio de Gobierno y que ahora en sospechosa actitud callan.

Por otra parte, a diferencia de lo expresado por el gobernador del Estado, la titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación está obligada, de conformidad al artículo 12, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a asesorar a los Municipios del Estado, cuando estos lo soliciten. La SEFIPLAN no puede dedicarse a ser una gestora. Tiene la obligación de concertar, dialogar y emprender políticas públicas que resuelva los problemas.

No puede haber asunto más importante que atender las responsabilidades constitucionales y fortalecer a las instituciones, en este caso municipales, que son el gobierno directo de 8 millones de veracruzanos.

El centralismo que pretende instaurar el gobernador de Veracruz viola el espíritu del pacto federal, aspecto que la Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM) tendrá que tomar en cuenta para que se respete a la autoridad municipal.

A más de dos meses del nuevo gobierno de Veracruz, desafortunadamente se ha dejado además de estridencias, visos de intolerancia, falta de transparencia y rendición de cuentas.

Por el bien de Veracruz, las autoridades estatales están a tiempo de cambiar el rumbo. No vaya a ser que la historia se repita en detrimento de nuestro estado.

Hector Yunes Landa
La corrupción es uno de los principales problemas que registra nuestro país y en otras latitudes del mundo.

Por ello, existen esfuerzos internacionales que promueven y facilitan la cooperación entre los países para prevenir y combatir la corrupción.

Nuestro país tiene signados Acuerdos Internacionales en materia anticorrupción con la ONU, OCDE, OEA y la Academia Internacional contra la Corrupción (IACA).

Por ello, en seguimiento a estos Acuerdos, presenté el pasado jueves ante el Pleno del Senado de la República un punto de acuerdo de urgente resolución para exhortar a diversas dependencias federales a investigar y, en su caso, sancionar los posibles actos de corrupción realizados en nuestro país por la farmaceuta Teva.

Recientemente se dio a conocer que autoridades estadounidenses multaron por más de 500 millones de dólares a la farmacéutica israelí Teva, al comprobarse que la empresa pagó a médicos de hospitales públicos y funcionarios del sector de salud de México varios millones de pesos para promover productos de la farmacéutica, en particular, el medicamento Copaxone, diseñado para el tratamiento de la esclerosis múltiple. La multa se impuso tras la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Las distintas publicaciones señalan que la farmacéutica Teva evitó el juicio ante la justicia estadounidense debido a que llegó a un acuerdo, el pasado 22 de diciembre de 2016, por un pago de 520 millones de dólares, una vez que la empresa israelí reconociera haber realizado sobornos millonarios a funcionarios de Rusia, Ucrania y México.

Dichos pagos ilegales formaban parte de la estrategia de Teva para posicionarse como la principal productora de medicinas genéricas en el mundo y alcanzar ganancias por más de 221 millones de dólares.

Para ello, incidió en la aprobación de regulaciones médicas y en la compra de medicamentos por parte de hospitales públicos.

La investigación detectó que Teva hizo pagos ilegales a funcionarios del sector salud mexicano desde 2005 hasta 2012 y advierte que no es el primer escándalo de la farmacéutica, pues en el año 2007 ya había sido investigada en Estados Unidos, también por prácticas corruptas.

La investigación contra la farmacéutica israelí, por sobornos internacionales, comenzó al violar la ley estadounidense de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), por lo que el proceso se radicó en la Corte Federal para el Distrito Sureste de Florida y en el que se presentaron documentos en los que se mencionan que Teva pagó miles de dólares en efectivo, comidas, regalos y viajes a Cancún para médicos empleados de hospitales públicos de nuestro país.

Se documentó que entre los años 2011 y 2012, Teva México obtuvo contratos por unos 16,865,489 dólares y uno de los corrompidos fue un reconocido e influyente neurólogo que trató a pacientes con esclerosis múltiple y que tuvo altos cargos en hospitales y otras instituciones de salud pertenecientes al gobierno mexicano.

Se sabe que la PGR documentó que la farmacéutica Teva llegó a México en 2004 comprando, desde entonces, compañías del sector farmacéutico e incluso del mercado inmobiliario y de servicios, entre las que se incluyen Lemery S. A. de C. V., Sicor de México; Ivax Phamaceuticals México, y Vitrum División Farmacéutica.

Finalmente, se reiteró en medios de comunicación que el distribuidor pagó entre 9 mil y 30 mil dólares cada año para influir en las recetas, mientras que Teva pagó directamente 159 mil dólares a funcionarios mexicanos en 2012; por ello, la empresa israelí reconoció los sobornos ante el Departamento de Justicia y acordó pagar una multa por 283 millones 177 mil 348 dólares en beneficio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos; además de 236 millones 101 mil 824 dólares junto con la empresa distribuidora.

Se trata de un caso de corrupción internacional que debe ser investigado, y sancionado por las autoridades mexicanas.

Involucra el pago de 16.8 millones de dólares a médicos y funcionarios de hospitales públicos de nuestro país, por parte de la subsidiaria del grupo Teva Pharmaceutical Industries y sostiene que la farmacéutica reconoció ganancias ilícitas por 214 millones de dólares entre los años 2005 y 2012.

La investigación en comento, puede representar la punta del iceberg en los casos de corrupción en el sector salud de nuestro país, la cual afecta también a Veracruz donde se han dado a conocer actos que podrían representar la comisión de ilícitos graves, y que de comprobarse, deben ser ejemplarmente castigados.


Hector Yunes Landa
A cien años de la promulgación de la Constitución Política de 1917, los legisladores federales nos aprestamos para hacer cumplir su mandato y garantizar en su totalidad que los mexicanos recibamos educación gratuita y de calidad.

Recientemente, en el Senado de la República recibimos la iniciativa preferente del presidente Enrique Peña Nieto para reformar la Ley Federal de Educación y con ello garantizar que los migrantes mexicanos que retornen al país puedan ingresar al Sistema Educativo Nacional.

Como nación nos preparamos así, para hacer frente a las políticas discriminatorias y hostiles que se han puesto en marcha en el vecino país del norte.

De aprobarse esta reforma, protegeremos los derechos fundamentales de millones de mexicanos que por diversas razones migraron -o nacieron fuera- del territorio nacional.

Se estima que son 35 millones de personas con orígenes mexicanos los que viven en Estados Unidos de Norteamérica, representando el 63 por ciento de la comunidad hispana radicada en ese país.

De acuerdo con un análisis del Pew Research Center, hay 5.3 millones de mexicanos indocumentados, quienes habitan principalmente en los estados del sur de la unión americana.

La iniciativa que analizaremos contempla que las instituciones privadas de educación superior con reconocimiento de validez oficial, revaliden y otorguen equivalencias parciales de estudios de licenciatura.

También se pretende mandatar desde el artículo 33 de la Ley General de Educación que la falta de documentos de identidad, o académicos de niñas, niños y adolescentes, no sean obstáculo para que accedan al sistema educativo nacional.

Es decir, las autoridades, deberán dar las facilidades para que se obtenga la documentación que permita la integración o tránsito por el sistema educativo nacional de las niños, niños y adolescentes.

Lo anterior es de total importancia, pues son innumerables los casos de hijos de migrantes mexicanos que -por falta de documentación- no pueden ingresar a las instituciones educativas del país.

Se pretende también establecer que los estudios realizados fuera del país sean válidos, cumpliendo los procedimientos que marcará la Secretaría de Educación.

Se trata de una iniciativa que propone fortalecer el respeto a los derechos humanos, en especial, al acceso a educación gratuita y de calidad, tal como lo mandata la Constitución.

Con toda la fuerza del Estado Mexicano, se seguirá protegiendo a los mexicanos.

Domingo, 29 Enero 2017 20:35

ARTICULISTA INVITADO Héctor Yunes Landa


"El peso de México"

Hector Yunes Landa
México es una nación fuerte, soberana que sabrá salir avante de la crisis generada por su relación comercial y política con Estados Unidos.

Las diversas fuerzas política que confluimos en el Senado de la República, soberanía facultada para analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal, hemos dado todo respaldo al Presidente Enrique Peña Nieto para tomar las acciones pertinentes respecto al diálogo y negociación con Estados Unidos.

En lo particular, considero que nuestro país debe mantener una postura de respeto y dignidad, frente a las bravatas e insensateces de quien preside el gobierno del vecino país.

Si bien las negociaciones apenas inician, el gobierno de México ha recibido la solidaridad de políticos de naciones como Alemania, Italia, España, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, y la comunidad judía radicada en nuestro país, así comode prestigiosos medios de comunicación internacionales.

Además de contar con apoyo internacional, nuestro país tiene aliados estratégicos dentro de la propia nación estadounidense, quienes categóricamente han señalado que si su país sale del Tratado de Libre Comercio de América del Norte correrán graves riesgos.

Las estimaciones oficiales indican que entre ambos países se comercia 1 millón de dólares cada minuto.

México es el segundo destino de las exportaciones estadounidenses, luego de Canadá. Otro dato que revela la importancia de México para E.U. es que para los estados de California, Arizona y Texas somos el primer destino de sus exportaciones, y el segundo mercado de otras 20 entidades de la unión americana.

Finalizar el TLCAN representará dejar sin empleo a por lo menos seis millones de estadounidenses y frenar la economía del sur de Estados Unidos.

En el hipotético caso de que Donald Trump imponga aranceles de 20 por ciento a los productos exportados por México hacia E.U., serían los consumidores de aquél país quienes finalmente pagarían el costo. Arremeter contra México, es arremeter contra los interés de Estados Unidos.

Además representamos un aliado estratégico en términos de seguridad nacional, migración y tráfico de drogas.

Por ello, no debemos ceder a ciber mensajes y actitudes retadoras.

México debe hacer valer su peso con astucia y estrategia.

Es claro que prescindir de la amistad y cooperación de México, no hará grande a América.


"Por los derechos de los trabajadores"

Hector Yunes Landa
El trabajo constituye un derecho y un deber social que contempla el respeto a la dignidad humana y la no discriminación, correspondiendo a las autoridades tutelar estos derechos, fomentar la productividad, entre otras tantas tareas.

Por ello, no comparto la política de terror laboral empleada por el nuevo gobierno de Veracruz en contra de cientos de trabajadores que por años colaboraron en diversas secretarias y organismos del Gobierno del Estado.

Afortunadamente un grupo de abogados especialistas en Derecho Laboral se organizaron para asesorar y representar gratuitamente a todos aquellos trabajadores que hayan sido despedidos, sin justificación alguna, por la nueva administración.

Se trata de un esfuerzo sin precedentes en Veracruz, para hacer valer la Ley y proteger los derechos de los trabajadores.

Otros abogados en material laboral también han expresado públicamente su desacuerdo con las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado, e incluso han señalado que se podrían haber incurrido en delitos.

Hace unos días afirmé que no se pueden confundir a los saqueadores de Veracruz, a la camarilla de ladrones que se enquistaron en los mandos superiores de la administración saliente, con los trabajadores que han servido a variasadministraciones y que no tienen responsabilidad en los ilícitos que se cometieron.

Recientemente conocimos el caso del señor Félix Cruz Ojeda, quien se cortó intencionalmente la muñeca de su brazo en protesta por su despido y tras la negativa de pagarle el mes y medio que laboró en el nuevo gobierno.
Despedir a un trabajador, trae consigo repercusiones en su familiar, en la economía de ésta y en su entorno.

No podemos concebir un cambio, permitiendo que se violen sistemáticamente los derechos de los trabajadores del Estado.

No habrá un nuevo Veracruz, cuando se deja en la calle a cientos de trabajadores que por años han prestado sus servicios al Gobierno y cuentan con la experiencia y los conocimientos para desempeñar sus labores.

A quienes han sido despedidos por parte del nuevo gobierno los invito a escribir al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

O comunicarse al teléfono 012288139001 de la Ciudad de Xalapa.

Recibirán asesoría, y en su caso, representación legal gratuita.

P.D. Este servicio no aplica para quienes, sin trabajar, percibían un sueldo en el Gobierno del Estado: los aviadores.

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PARA SU CONSIDERACIÓN.

ATENTAMENTE
COORDINACIÓN DE PRENSA

Senador Héctor Yunes Landa

A partir del próximo viernes el mundo y especialmente nuestro país enfrentará una realidad compleja que vislumbra retos mayores, incomparables en la historia moderna de la nación.

Sin ser agorero, sortear los retos que para México traerá la presidencia de Donald Trump, requerirá no sólo de exaltar nuestro nacionalismo, sino del talento y capacidad de nuestros gobernantes, así como de la unidad, compromiso y trabajo de la sociedad en su conjunto.

No hay lugar para generar más desavenencias, divisiones y oportunismo político. Por el contrario, son tiempos de sumarnos -sin importar nuestro credo, preferencia política, nivel de preparación- para buscar soluciones viables, certeras que nos permitan como país mantener el rumbo.

No es un secreto que Donald Trump buscará a toda costa proteger la economía e inversiones estadounidenses, también extremará las medidas de seguridad e impulsará una política migratoria xenófoba contra los mexicanos.

Aún no es Presidente, pero los efectos de la política fiscal de Trump ya son reales en México, ante la cancelación de millonarias inversiones por parte de compañías automotrices que fueron amenazadas –vía twitter- con imponerles altos aranceles fronterizos.

Las amenazas de Trump han generado una depreciación del peso frente al dólar de 5.5 por ciento en lo que va de enero, alcanzando la paridad un máximo histórico de 22 pesos por dólar.

¿Qué hacer ante un escenario sumamente complejo?
De manera global debemos centrar nuestros esfuerzos en generar las condiciones para que se generen empleos y se brinden oportunidades a los paisanos que retornarán procedentes del vecino país.

Los gobiernos federal, estatales y municipales deberán priorizar el gasto y atender a los sectores sociales más desprotegidos garantizando su acceso a la salud, educación y al empleo.

Como consumidores debemos voltear nuestra mirada preferentemente hacia productos hechos en México, como una manera de apoyar nuestra economía y propiciar la generación de fuentes de trabajo.

Las ensambladoras de automóviles que decidan mantener su producción en el país, y no ceder a las amenazas fiscales de Trump, deberán ser privilegiadas también por nosotros los consumidores y apoyadas con incentivos gubernamentales ante su benéfico impacto en la economía regional, en reconocimiento a su interés de seguir invirtiendo en México.

Las condiciones económicas actuales nos obligan a buscar otros mercados internacionales para exportar nuestros productos.

Decía el ex primer ministro Inglés Winston Churchill que un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad.

Unidos, busquemos oportunidades que nos hagan una nación más fuerte, próspera, e igualitaria.

Hector Yunes Landa El incremento en los precios de las gasolinas ha generado molestia e irritación entre la sociedad mexicana, la que comparto. El que un grupo de personas haya aprovechado la ocasión para delinquir y generar psicosis entre la sociedad de diversas ciudades del país agregó al enojo ciudadano por los incrementos en los combustibles el temor al desabasto y a una escalada en materia de inseguridad. Saquear tiendas de conveniencia, supermercados y pequeños comercios no es, ni será, la vía para protestar contra el "gasolinazo". Al contrario, con dichas acciones, las economías familiares resultan con mayores afectaciones ante la escasez de productos y el clima de inseguridad. Como senador de la República, estoy obligado a precisar que el llamado "gasolinazo" no se debe a la reforma energética. Esta nunca contempló el incremento de los precios de los combustibles. Los que tratan de confundir a la sociedad responsabilizando a la reforma energética del "gasolinazo" están echándole gasolina a una fogata. El objetivo de la reforma energética fue hacer más competitivo al sector energético del país, atrayendo nuevas inversiones que nos permitieran como país extraer petróleo de aguas profundas, construir más refinerías, entre otros aspectos. Sí aprobamos liberar los precios de las gasolinas para que quedaran conforme los mercados internacionales, como sucede en el resto de los países. También es falso, como lo divulgan algunas fuerzas políticas, que el incremento de los precios de las gasolinas y diesel se deba al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS). Este gravamen no se incrementó este año, de hecho, el impuesto sobre las gasolinas en México se reduce, en 2017, de 4.60 pesos a 3 pesos por cada litro. Cabe recordar que este impuesto no es reciente, fue concebido durante la pasada administración federal panista, para igualar el precio del combustible entre nuestro país con el estadounidense. De manera puntual aclaro que los actuales precios se deben a diversos factores: el costo del petróleo se duplicó en los últimos meses, además que el peso se ha devaluado frente al dólar, y casi el 70 por ciento de las gasolinas que consumimos las adquirimos en el extranjero, pagándolas en dólares. Frente a esta situación me pronuncio por que los poderes públicos asuman un plan de austeridad, eliminando todo gasto suntuoso y eficientando las estructuras de gobierno. Se debe proteger la economía de las familias, fomentando el empleo, impulsando la mejora regulatoria y atrayendo inversiones. Habría que voltear a otros estados del país, ante las medidas locales que están implementando sus gobiernos, como es el caso de Coahuila, al eliminar o disminuir 108 impuestos estatales en apoyo a la economía familiar. Requerimos de un gran acuerdo con el sector privado para fomentar las inversiones e incentivar al consumo local. Acuerdo que debe contemplar la garantía de nuestras autoridades de que el saqueo y el vandalismo no volverá a repetirse. Finalmente, celebro que el gobierno Federal esté tomando medidas en Veracruz para proteger a las clases más vulnerables y para restablecer el orden público en beneficio de la ciudadanía

Frente al complicado panorama financiero por el que atraviesa el estado de Veracruz, es necesario que los poderes públicos locales instrumenten un plan de austeridad y una reingeniería administrativa que garantice la productividad y eficiencia de la estructura gubernamental.

Desde hace algunos meses se conocía la difícil situación financiera por la que atraviesa el estado, producto principalmente de dos factores: los compromisos financieros adquiridos y el excesivo gasto corriente.

Es de reconocerse las aportaciones que el gobierno federal realizó para que el gobierno del Estado cumpliera en diciembre con sus compromisos laborales.

Sin embargo, hoy reitero mi visión de que dicho apoyo, debe ir acompañado por las autoridades estatales de un plan exhaustivo de austeridad y eficiencia de la estructura gubernamental.

No es despidiendo masivamente a trabajadores de confianza o incluso de base, y a la vez creando nuevas áreas gubernamentales, como se logrará el equilibrio financiero público de Veracruz.

Tampoco se logrará, erogando recursos para fines ajenos a los destinados (aplicando la "licuadora"), ni contratando empréstitos a sobremanera.

Como veracruzano y como representante ante el Senado de la República por este gran estado, tengo confianza en que los próximos 90 días, tal como se comprometió ante el Congreso Local, el Ejecutivo Local propondrá las acciones para generar el equilibrio financiero.

Este año, la entidad veracruzana tendrá un presupuesto de 101 mil 998 millones 714 mil 76 pesos; su correcta aplicación, podría ser el inicio para encontrar la estabilidad financiera que se requiere.

Hoy más que nunca Veracruz necesita de responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.

Al respecto, el actual gobierno estatal de Veracruz no se puede quejar de obstaculización alguna para cumplir con sus promesas de campaña, ni del gobierno federal, ni del grupo legislativo del PRI en el Congreso Local.

Ya que incluso, al momento de designar al Fiscal General se le dispensaron varios requisitos y se concedió el beneficio al titular del Ejecutivo Estatal al dejar de lado su posible autonomía, al haberse designado a Jorge Winckler Ortiz, quien recientemente fuera abogado de la campaña del entonces candidato a gobernador del estado.

Están puestas así, las bases para que Veracruz transite por un mejor camino. Estaremos atentos que así sea.

a circulación de los camiones con doble remolque, llamados también bi-articulados, representan diariamente un peligro para la integridad de miles de personas que circulan por las carreteras del país.

Reitero mi postura de sumarme a las voces ciudadanas que han pugnado por la prohibición en el uso de este tipo de unidades de carga en nuestro país, por reducir el peso de carga y mejorar la iluminación exterior de los tractocamiones.

Al respecto, fui de los primeros legisladores en pronunciarme públicamente sobre el tema: Luego de fatales accidentes – provocados por camiones de doble remolque- que en 2012 y 2013 cobraron la vida de veracruzanos, presenté un punto de acuerdo ante el Senado de la República para prohibir la circulación de ese tipo de unidades.

La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión también aprobó, en junio de 2014, el punto de acuerdo que presenté para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos informara de los acuerdos y avances alcanzados por la Mesa de Trabajo del Panel de Expertos que revisó la Norma 012-SCT-2-2008, misma que rige los pesos y dimensiones de los vehículos de carga.

Los expertos en la materia que conformaron el panel, emitieron 22 recomendaciones, entre las cuales, destacaba la de prohibir en un plazo breve el transporte de mercancías y sustancias peligrosas altamente tóxicas en vehículos doblemente articulados, conocidos como fulles, y eliminar paulatinamente, en un plazo máximo de cinco años, las autorizaciones existentes para el transporte en fulles de los demás materiales y sustancias peligrosas.

Desafortunadamente en los últimos meses la polémica por la circulación de los dobles remolques se ha intensificado, a raíz de fatídicos accidentes que han arrebatado la vida de muchas personas.

Aunque las autoridades han expresado que redoblarán la vigilancia en las carreteras y se revisará de nueva cuenta la norma que rige las medidas y pesos de las unidades de carga, considero que no hay justificación que valga por las vidas que se pierden cada año en las carreteras a consecuencia del uso los dobles remolques y por el exceso de peso en la carga.

Soy partidario, que se debe proteger la vida de los ciudadanos y extremar las precauciones en las carreteras.

Confío en que al interior de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara Alta se dará celeridad al análisis de las iniciativas que hay en la materia y se dará respuesta favorable a la petición de miles de mexicanos que buscan circular con mayor seguridad por nuestras carreteras.