sábado 22 de julio del 2017
Hector Yunes Landa

Hector Yunes Landa


Hector Yunes Landa
A cien años de la promulgación de la Constitución Política de 1917, los legisladores federales nos aprestamos para hacer cumplir su mandato y garantizar en su totalidad que los mexicanos recibamos educación gratuita y de calidad.

Recientemente, en el Senado de la República recibimos la iniciativa preferente del presidente Enrique Peña Nieto para reformar la Ley Federal de Educación y con ello garantizar que los migrantes mexicanos que retornen al país puedan ingresar al Sistema Educativo Nacional.

Como nación nos preparamos así, para hacer frente a las políticas discriminatorias y hostiles que se han puesto en marcha en el vecino país del norte.

De aprobarse esta reforma, protegeremos los derechos fundamentales de millones de mexicanos que por diversas razones migraron -o nacieron fuera- del territorio nacional.

Se estima que son 35 millones de personas con orígenes mexicanos los que viven en Estados Unidos de Norteamérica, representando el 63 por ciento de la comunidad hispana radicada en ese país.

De acuerdo con un análisis del Pew Research Center, hay 5.3 millones de mexicanos indocumentados, quienes habitan principalmente en los estados del sur de la unión americana.

La iniciativa que analizaremos contempla que las instituciones privadas de educación superior con reconocimiento de validez oficial, revaliden y otorguen equivalencias parciales de estudios de licenciatura.

También se pretende mandatar desde el artículo 33 de la Ley General de Educación que la falta de documentos de identidad, o académicos de niñas, niños y adolescentes, no sean obstáculo para que accedan al sistema educativo nacional.

Es decir, las autoridades, deberán dar las facilidades para que se obtenga la documentación que permita la integración o tránsito por el sistema educativo nacional de las niños, niños y adolescentes.

Lo anterior es de total importancia, pues son innumerables los casos de hijos de migrantes mexicanos que -por falta de documentación- no pueden ingresar a las instituciones educativas del país.

Se pretende también establecer que los estudios realizados fuera del país sean válidos, cumpliendo los procedimientos que marcará la Secretaría de Educación.

Se trata de una iniciativa que propone fortalecer el respeto a los derechos humanos, en especial, al acceso a educación gratuita y de calidad, tal como lo mandata la Constitución.

Con toda la fuerza del Estado Mexicano, se seguirá protegiendo a los mexicanos.

Domingo, 29 Enero 2017 20:35

ARTICULISTA INVITADO Héctor Yunes Landa


"El peso de México"

Hector Yunes Landa
México es una nación fuerte, soberana que sabrá salir avante de la crisis generada por su relación comercial y política con Estados Unidos.

Las diversas fuerzas política que confluimos en el Senado de la República, soberanía facultada para analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal, hemos dado todo respaldo al Presidente Enrique Peña Nieto para tomar las acciones pertinentes respecto al diálogo y negociación con Estados Unidos.

En lo particular, considero que nuestro país debe mantener una postura de respeto y dignidad, frente a las bravatas e insensateces de quien preside el gobierno del vecino país.

Si bien las negociaciones apenas inician, el gobierno de México ha recibido la solidaridad de políticos de naciones como Alemania, Italia, España, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, y la comunidad judía radicada en nuestro país, así comode prestigiosos medios de comunicación internacionales.

Además de contar con apoyo internacional, nuestro país tiene aliados estratégicos dentro de la propia nación estadounidense, quienes categóricamente han señalado que si su país sale del Tratado de Libre Comercio de América del Norte correrán graves riesgos.

Las estimaciones oficiales indican que entre ambos países se comercia 1 millón de dólares cada minuto.

México es el segundo destino de las exportaciones estadounidenses, luego de Canadá. Otro dato que revela la importancia de México para E.U. es que para los estados de California, Arizona y Texas somos el primer destino de sus exportaciones, y el segundo mercado de otras 20 entidades de la unión americana.

Finalizar el TLCAN representará dejar sin empleo a por lo menos seis millones de estadounidenses y frenar la economía del sur de Estados Unidos.

En el hipotético caso de que Donald Trump imponga aranceles de 20 por ciento a los productos exportados por México hacia E.U., serían los consumidores de aquél país quienes finalmente pagarían el costo. Arremeter contra México, es arremeter contra los interés de Estados Unidos.

Además representamos un aliado estratégico en términos de seguridad nacional, migración y tráfico de drogas.

Por ello, no debemos ceder a ciber mensajes y actitudes retadoras.

México debe hacer valer su peso con astucia y estrategia.

Es claro que prescindir de la amistad y cooperación de México, no hará grande a América.


"Por los derechos de los trabajadores"

Hector Yunes Landa
El trabajo constituye un derecho y un deber social que contempla el respeto a la dignidad humana y la no discriminación, correspondiendo a las autoridades tutelar estos derechos, fomentar la productividad, entre otras tantas tareas.

Por ello, no comparto la política de terror laboral empleada por el nuevo gobierno de Veracruz en contra de cientos de trabajadores que por años colaboraron en diversas secretarias y organismos del Gobierno del Estado.

Afortunadamente un grupo de abogados especialistas en Derecho Laboral se organizaron para asesorar y representar gratuitamente a todos aquellos trabajadores que hayan sido despedidos, sin justificación alguna, por la nueva administración.

Se trata de un esfuerzo sin precedentes en Veracruz, para hacer valer la Ley y proteger los derechos de los trabajadores.

Otros abogados en material laboral también han expresado públicamente su desacuerdo con las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado, e incluso han señalado que se podrían haber incurrido en delitos.

Hace unos días afirmé que no se pueden confundir a los saqueadores de Veracruz, a la camarilla de ladrones que se enquistaron en los mandos superiores de la administración saliente, con los trabajadores que han servido a variasadministraciones y que no tienen responsabilidad en los ilícitos que se cometieron.

Recientemente conocimos el caso del señor Félix Cruz Ojeda, quien se cortó intencionalmente la muñeca de su brazo en protesta por su despido y tras la negativa de pagarle el mes y medio que laboró en el nuevo gobierno.
Despedir a un trabajador, trae consigo repercusiones en su familiar, en la economía de ésta y en su entorno.

No podemos concebir un cambio, permitiendo que se violen sistemáticamente los derechos de los trabajadores del Estado.

No habrá un nuevo Veracruz, cuando se deja en la calle a cientos de trabajadores que por años han prestado sus servicios al Gobierno y cuentan con la experiencia y los conocimientos para desempeñar sus labores.

A quienes han sido despedidos por parte del nuevo gobierno los invito a escribir al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

O comunicarse al teléfono 012288139001 de la Ciudad de Xalapa.

Recibirán asesoría, y en su caso, representación legal gratuita.

P.D. Este servicio no aplica para quienes, sin trabajar, percibían un sueldo en el Gobierno del Estado: los aviadores.

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PARA SU CONSIDERACIÓN.

ATENTAMENTE
COORDINACIÓN DE PRENSA

Senador Héctor Yunes Landa

A partir del próximo viernes el mundo y especialmente nuestro país enfrentará una realidad compleja que vislumbra retos mayores, incomparables en la historia moderna de la nación.

Sin ser agorero, sortear los retos que para México traerá la presidencia de Donald Trump, requerirá no sólo de exaltar nuestro nacionalismo, sino del talento y capacidad de nuestros gobernantes, así como de la unidad, compromiso y trabajo de la sociedad en su conjunto.

No hay lugar para generar más desavenencias, divisiones y oportunismo político. Por el contrario, son tiempos de sumarnos -sin importar nuestro credo, preferencia política, nivel de preparación- para buscar soluciones viables, certeras que nos permitan como país mantener el rumbo.

No es un secreto que Donald Trump buscará a toda costa proteger la economía e inversiones estadounidenses, también extremará las medidas de seguridad e impulsará una política migratoria xenófoba contra los mexicanos.

Aún no es Presidente, pero los efectos de la política fiscal de Trump ya son reales en México, ante la cancelación de millonarias inversiones por parte de compañías automotrices que fueron amenazadas –vía twitter- con imponerles altos aranceles fronterizos.

Las amenazas de Trump han generado una depreciación del peso frente al dólar de 5.5 por ciento en lo que va de enero, alcanzando la paridad un máximo histórico de 22 pesos por dólar.

¿Qué hacer ante un escenario sumamente complejo?
De manera global debemos centrar nuestros esfuerzos en generar las condiciones para que se generen empleos y se brinden oportunidades a los paisanos que retornarán procedentes del vecino país.

Los gobiernos federal, estatales y municipales deberán priorizar el gasto y atender a los sectores sociales más desprotegidos garantizando su acceso a la salud, educación y al empleo.

Como consumidores debemos voltear nuestra mirada preferentemente hacia productos hechos en México, como una manera de apoyar nuestra economía y propiciar la generación de fuentes de trabajo.

Las ensambladoras de automóviles que decidan mantener su producción en el país, y no ceder a las amenazas fiscales de Trump, deberán ser privilegiadas también por nosotros los consumidores y apoyadas con incentivos gubernamentales ante su benéfico impacto en la economía regional, en reconocimiento a su interés de seguir invirtiendo en México.

Las condiciones económicas actuales nos obligan a buscar otros mercados internacionales para exportar nuestros productos.

Decía el ex primer ministro Inglés Winston Churchill que un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad.

Unidos, busquemos oportunidades que nos hagan una nación más fuerte, próspera, e igualitaria.

Hector Yunes Landa El incremento en los precios de las gasolinas ha generado molestia e irritación entre la sociedad mexicana, la que comparto. El que un grupo de personas haya aprovechado la ocasión para delinquir y generar psicosis entre la sociedad de diversas ciudades del país agregó al enojo ciudadano por los incrementos en los combustibles el temor al desabasto y a una escalada en materia de inseguridad. Saquear tiendas de conveniencia, supermercados y pequeños comercios no es, ni será, la vía para protestar contra el "gasolinazo". Al contrario, con dichas acciones, las economías familiares resultan con mayores afectaciones ante la escasez de productos y el clima de inseguridad. Como senador de la República, estoy obligado a precisar que el llamado "gasolinazo" no se debe a la reforma energética. Esta nunca contempló el incremento de los precios de los combustibles. Los que tratan de confundir a la sociedad responsabilizando a la reforma energética del "gasolinazo" están echándole gasolina a una fogata. El objetivo de la reforma energética fue hacer más competitivo al sector energético del país, atrayendo nuevas inversiones que nos permitieran como país extraer petróleo de aguas profundas, construir más refinerías, entre otros aspectos. Sí aprobamos liberar los precios de las gasolinas para que quedaran conforme los mercados internacionales, como sucede en el resto de los países. También es falso, como lo divulgan algunas fuerzas políticas, que el incremento de los precios de las gasolinas y diesel se deba al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS). Este gravamen no se incrementó este año, de hecho, el impuesto sobre las gasolinas en México se reduce, en 2017, de 4.60 pesos a 3 pesos por cada litro. Cabe recordar que este impuesto no es reciente, fue concebido durante la pasada administración federal panista, para igualar el precio del combustible entre nuestro país con el estadounidense. De manera puntual aclaro que los actuales precios se deben a diversos factores: el costo del petróleo se duplicó en los últimos meses, además que el peso se ha devaluado frente al dólar, y casi el 70 por ciento de las gasolinas que consumimos las adquirimos en el extranjero, pagándolas en dólares. Frente a esta situación me pronuncio por que los poderes públicos asuman un plan de austeridad, eliminando todo gasto suntuoso y eficientando las estructuras de gobierno. Se debe proteger la economía de las familias, fomentando el empleo, impulsando la mejora regulatoria y atrayendo inversiones. Habría que voltear a otros estados del país, ante las medidas locales que están implementando sus gobiernos, como es el caso de Coahuila, al eliminar o disminuir 108 impuestos estatales en apoyo a la economía familiar. Requerimos de un gran acuerdo con el sector privado para fomentar las inversiones e incentivar al consumo local. Acuerdo que debe contemplar la garantía de nuestras autoridades de que el saqueo y el vandalismo no volverá a repetirse. Finalmente, celebro que el gobierno Federal esté tomando medidas en Veracruz para proteger a las clases más vulnerables y para restablecer el orden público en beneficio de la ciudadanía

Frente al complicado panorama financiero por el que atraviesa el estado de Veracruz, es necesario que los poderes públicos locales instrumenten un plan de austeridad y una reingeniería administrativa que garantice la productividad y eficiencia de la estructura gubernamental.

Desde hace algunos meses se conocía la difícil situación financiera por la que atraviesa el estado, producto principalmente de dos factores: los compromisos financieros adquiridos y el excesivo gasto corriente.

Es de reconocerse las aportaciones que el gobierno federal realizó para que el gobierno del Estado cumpliera en diciembre con sus compromisos laborales.

Sin embargo, hoy reitero mi visión de que dicho apoyo, debe ir acompañado por las autoridades estatales de un plan exhaustivo de austeridad y eficiencia de la estructura gubernamental.

No es despidiendo masivamente a trabajadores de confianza o incluso de base, y a la vez creando nuevas áreas gubernamentales, como se logrará el equilibrio financiero público de Veracruz.

Tampoco se logrará, erogando recursos para fines ajenos a los destinados (aplicando la "licuadora"), ni contratando empréstitos a sobremanera.

Como veracruzano y como representante ante el Senado de la República por este gran estado, tengo confianza en que los próximos 90 días, tal como se comprometió ante el Congreso Local, el Ejecutivo Local propondrá las acciones para generar el equilibrio financiero.

Este año, la entidad veracruzana tendrá un presupuesto de 101 mil 998 millones 714 mil 76 pesos; su correcta aplicación, podría ser el inicio para encontrar la estabilidad financiera que se requiere.

Hoy más que nunca Veracruz necesita de responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.

Al respecto, el actual gobierno estatal de Veracruz no se puede quejar de obstaculización alguna para cumplir con sus promesas de campaña, ni del gobierno federal, ni del grupo legislativo del PRI en el Congreso Local.

Ya que incluso, al momento de designar al Fiscal General se le dispensaron varios requisitos y se concedió el beneficio al titular del Ejecutivo Estatal al dejar de lado su posible autonomía, al haberse designado a Jorge Winckler Ortiz, quien recientemente fuera abogado de la campaña del entonces candidato a gobernador del estado.

Están puestas así, las bases para que Veracruz transite por un mejor camino. Estaremos atentos que así sea.

a circulación de los camiones con doble remolque, llamados también bi-articulados, representan diariamente un peligro para la integridad de miles de personas que circulan por las carreteras del país.

Reitero mi postura de sumarme a las voces ciudadanas que han pugnado por la prohibición en el uso de este tipo de unidades de carga en nuestro país, por reducir el peso de carga y mejorar la iluminación exterior de los tractocamiones.

Al respecto, fui de los primeros legisladores en pronunciarme públicamente sobre el tema: Luego de fatales accidentes – provocados por camiones de doble remolque- que en 2012 y 2013 cobraron la vida de veracruzanos, presenté un punto de acuerdo ante el Senado de la República para prohibir la circulación de ese tipo de unidades.

La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión también aprobó, en junio de 2014, el punto de acuerdo que presenté para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos informara de los acuerdos y avances alcanzados por la Mesa de Trabajo del Panel de Expertos que revisó la Norma 012-SCT-2-2008, misma que rige los pesos y dimensiones de los vehículos de carga.

Los expertos en la materia que conformaron el panel, emitieron 22 recomendaciones, entre las cuales, destacaba la de prohibir en un plazo breve el transporte de mercancías y sustancias peligrosas altamente tóxicas en vehículos doblemente articulados, conocidos como fulles, y eliminar paulatinamente, en un plazo máximo de cinco años, las autorizaciones existentes para el transporte en fulles de los demás materiales y sustancias peligrosas.

Desafortunadamente en los últimos meses la polémica por la circulación de los dobles remolques se ha intensificado, a raíz de fatídicos accidentes que han arrebatado la vida de muchas personas.

Aunque las autoridades han expresado que redoblarán la vigilancia en las carreteras y se revisará de nueva cuenta la norma que rige las medidas y pesos de las unidades de carga, considero que no hay justificación que valga por las vidas que se pierden cada año en las carreteras a consecuencia del uso los dobles remolques y por el exceso de peso en la carga.

Soy partidario, que se debe proteger la vida de los ciudadanos y extremar las precauciones en las carreteras.

Confío en que al interior de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara Alta se dará celeridad al análisis de las iniciativas que hay en la materia y se dará respuesta favorable a la petición de miles de mexicanos que buscan circular con mayor seguridad por nuestras carreteras.

La corrupción ha escalado a niveles inimaginables en el país: representa el nueve por ciento del Producto Interno Bruto de México y si no se pone freno, corremos el grave riesgo de que este tipo de prácticas se generalicen.

La semana pasada, senadores de la República nos reunimos con diputados locales de todo el país para analizar la implementación de los sistemas locales anticorrupción, previo a la fecha en que también se conmemoró el "Día Internacional Contra la Corrupción".

Al respecto, se organizaron mesas de trabajo donde se detallaron las acciones y leyes que cada Congreso Local debe desarrollar, a fin de cumplir lo mandatado por nuestra Constitución Política.

No se trata de generar más burocracia, ni nuevas estructuras. El espíritu del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es enlazar a diversas instituciones, es integrar y facultar a dependencias existentes para prevenir y combatir este cáncer social.

Partimos que los Sistemas Estatales Anticorrupción serán piezas fundamentales para la operación a nivel nacional. El espíritu de la reforma constitucional que dio vida al SNA, se basa en la coordinación de instituciones, en la prevención de actos de corrupción, en el control de las acciones institucionales y desde luego en la sanción.

Las entidades federativas deben estar en condiciones para que el próximo 19 de julio se cuenten con la totalidad de los Sistemas Locales Anticorrupción.

Es urgente que como sociedad iniciemos un esfuerzo integral de combate a estas prácticas que van en decremento de nuestros propios derechos, de los servicios que recibimos, y de nuestro futuro.

Actualmente, por cada 100 pesos que producimos, 9 se van en el pago de corruptelas. La corrupción asciende al presupuesto ejercido este año por 14 entidades del país. De ese tamaño es el problema.

Como presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado de la República seguiré atento a que cada entidad federativa cumpla con lo establecido por la Constitución a fin de que el Sistema Nacional Anticorrupción logre sus objetivos.

Necesitamos combatir de frente a la corrupción y esto lo haremos con instituciones sólidas y las facultades necesarias para ello.

El pasado primero de diciembre inició una nueva etapa en la historia de Veracruz. La sociedad y los políticos coincidimos en que el signo del nuevo Veracruz debe ser el respeto al estado de derecho y este comienza, precisamente, por salvaguardar los derechos de quienes menores ingresos tienen, como son los trabajadores.

Como senador de la República y como veracruzano, alzo la voz contra la política laboral emprendida por el nuevo gobierno en contra de cientos de trabajadores de confianza del Gobierno del Estado.

Sin evaluar capacidades, experiencia y conocimientos se pretende dejar en la calle a trabajadores, que, en su mayoría, tienen muchos años de laborar en la administración pública local.

Estoy completamente de acuerdo a que los aviadores – personas que cobran sin trabajar- no sólo se les debe despedir sino, además, sancionar ejemplarmente, pero en el caso de los verdaderos trabajadores de confianza, se debe respetar su espacio laboral, porque un gobierno que no respeta los derechos de sus empleados, no respetará las libertades de los ciudadanos, ni los hará respetar ante terceros.

No se debe confundir a la camarilla de ladrones que se enquistaron en los mandos superiores de la administración saliente, con los trabajadores que han servido a varias administraciones y que no tienen responsabilidad en los ilícitos que se cometieron. Los servidores públicos de bajo ingreso recién despedidos no sólo son ajenos a las corruptelas que significaron a la administración Duartista sino que están igual o incluso mayormente agraviados por el gobernador prófugo y su pandilla, porque, además de su molestia como ciudadanos, están lastimados en su prestigio como servidores públicos.

Es dudoso que en cuatro días que lleva la nueva administración, haya podido corroborar la ilicitud de miles de contratos y se pretenda dejar en la calle a los trabajadores de confianza y a las miles de familias que de ellos dependen.

La situación delicada de la economía nacional, ante la incertidumbre internacional y el recorte del gasto, demanda que tengamos más solidaridad con las familias que dependen de nosotros.

El gobierno actual entró con una promesa de generar empleo y en lugar de ello lo está destruyendo.

La política de fomento al empleo en Veracruz tiene que comenzar en su propia casa.

Están documentados los casos de personas que trabajaron durante cuatro o cinco administraciones, incluida la del licenciado Patricio Chirinos, en donde el actual gobernador, además de presidente estatal del PRI, fue secretario general de gobierno. Si bien nunca estuve de acuerdo con que la administración Duartista dejará enquistados a miles de servidores públicos en la nómina del gobierno, con el pretexto del servicio civil de carrera, como lo hizo el gobierno federal panista de Calderón, tampoco estoy de acuerdo en que, por el solo hecho de haber trabajado en la administración anterior sean cortados por la misma tijera con la que la misma sociedad está cortando a la camarilla de bandidos que dejaron a Veracruz en bancarrota. Los cientos de hombres y mujeres despedidos, quienes han invertido su vida entera en servir al Estado, no merecen esta bofetada en el arranque de un gobierno que ofreció ser justo. La justicia no sólo consiste en castigar al corrupto, consiste también en estimular o cuando menos respetar a quien, aunque en un humilde nivel, le sirve desde el gobierno a los veracruzanos.

P.D. A los trabajadores de confianza despedidos les proporcionó mi correo electrónico para que, quienes deseen asesoría jurídica laboral gratuita, me contacten: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..">Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..


Xalapa, Ver; 4 de Diciembre de 2016. El senador por Veracruz, Héctor Yunes Landa lamentó los despidos masivos que el nuevo gobierno estatal inició, dejando sin ingresos a cientos de familias de trabajadores.

“No podemos permitir que la justa demanda de aplicación de la ley se pervierta con un afán de venganza. En este momento se está dejando sin ingreso a cientos de familias de trabajadores de confianza del gobierno”, expresó el legislador.

En muchos casos se trata, dijo de trabajadores que tienen décadas de prestar sus servicios en el Gobierno del Estado.

“Se les maltrata y se les impide el acceso a sus lugares de trabajo. No se les otorga ninguna consideración , ni se les otorga una separación digna, mucho menos justa”, declaró.

Héctor Yunes señaló que no se debe confundir a los saqueadores de Veracruz, “una camarilla de ladrones que se enquistaron en los mandos superiores de la administración saliente, con los trabajadores que han servido a varias administraciones y que no tienen responsabilidad en los ilícitos que se cometieron”.

El senador expresó que son veracruzanos honrados, dedicados que han ofrecido sus mejores años al servicio público.

Entrevistado por medios de comunicación recordó que el gobierno actual entró con una promesa de generar empleo y en lugar de ello lo está destruyendo.

La política de fomento al empleo en Veracruz tiene que comenzar en su propia casa dijo.

Agregó además que están documentados los casos de personas que trabajaron durante cuatro o cinco administraciones, incluida la del licenciado Patricio Chirinos, en donde el actual gobernador, además de presidente estatal del PRI, fue secretario general de gobierno. "Si bien nunca estuve de acuerdo con que la administración Duartista dejará enquistados a miles de servidores públicos en la nómina del gobierno, con el pretexto del servicio civil de carrera, como lo hizo el gobierno federal panista de Calderón, tampoco estoy de acuerdo en que, por el solo hecho de haber trabajado en la administración anterior sean cortados por la misma tijera con la que la misma sociedad está cortando a la camarilla de bandidos que dejaron a Veracruz en bancarrota. Los cientos de hombres y mujeres despedidos, quienes han invertido su vida entera en servir al Estado, no merecen esta bofetada en el arranque de un gobierno que ofreció ser justo".

Finalizó diciendo que la justicia no sólo consiste en castigar al corrupto, consiste también en estimular o cuando menos respetar a quien, aunque en un humilde nivel, le sirve desde el gobierno a los veracruzanos.