lunes 21 de agosto del 2017

Busca diputada Aragón Castillo que créditos de vivienda se puedan utilizar en educación

Escrito por  Miércoles, 26 Julio 2017 12:49
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Con el fin de permitir que el trabajador que no utilice su crédito para vivienda, lo pueda invertir en su educación media y superior o la de un familiar, la diputada Hortensia Aragón Castillo (PRD) impulsa una iniciativa que reforma el artículo 123 de la Constitución y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

La propuesta reforma la fracción XII, párrafo segundo del apartado A del artículo 123 de la Constitución, y modifica los artículos 3 y 42 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a fin de establecer un sistema de financiamiento educativo en carreras calificadas por la Secretaría de Educación Pública como de alta absorción laboral.

La iniciativa asegura el derecho que tiene el individuo sobre la Subcuenta de Vivienda a los trabajadores, para financiar la educación en caso de haber cubierto la necesidad de una habitación.

Señala que aproximadamente 12 mil estudiantes se benefician con el Programa de Financiamiento a la Educación Superior, de Nacional Financiera, y las becas Pronabes, otorgadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP), además de que anualmente se entregan 260 mil becas para la población de bajos ingresos.

Sin embargo, agrega, estos esfuerzos son insuficientes para el acceso y permanencia de la educación superior de los jóvenes, por lo que resulta imprescindible analizar otras fuentes de financiamiento.

El documento, que se encuentra en la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis, cita que a partir del año 2001, el Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) inició una reestructuración financiera, lo que le permitió elevar sustancialmente el número de créditos hipotecarios otorgados.

También, fortaleció el proceso del crédito, rediseñó su modelo de cobranza, creó alianzas con entidades financieras privadas para incrementar la capacidad operativa y potenciar el monto de los financiamientos, e impulsó la edificación de vivienda económica a través del sector privado, con lo que logró ofrecer soluciones habitacionales a bajo precio, asegurar la viabilidad financiera, y pagar mejores rendimientos a la Subcuenta de Vivienda a los trabajadores.

Asimismo, como parte de su reestructuración financiera, el Infonavit se planteó el reto de trascender de sólo otorgar créditos, a dar acceso a los trabajadores a una nueva y mejor forma de vida, siempre manteniendo la fidelidad crediticia y la disciplina financiera.

La iniciativa menciona que el éxito financiero del Infonavit se traduce en una reducción del rezago de vivienda de los derechohabientes, con lo que los planes financieros han sido reajustados para disminuir la cantidad de créditos que se necesitarán otorgar durante los siguientes años.

De acuerdo con el plan financiero 2013-2017, sería a partir de 2017 cuando podría reducirse a un promedio de 380 mil créditos por año, de los cuales 26 por ciento correspondería a usos secundarios. Con esto, la demanda de crédito será menor que la capacidad de otorgamiento, con lo cual se comenzarán a acumular excedentes de liquidez.

A partir de 2017, el Instituto tendrá aproximadamente un sobrante de liquidez equivalente a 200 mil créditos hipotecarios (alrededor de 60 mil millones de pesos anuales) que deberían ser destinados a otra actividad. Lo anterior hace imprescindible repensar los alcances de la institución y potencializar su solidez financiera, señala el documento.

La propuesta de la diputada pretende aprovechar la solidez financiera del Instituto para impulsar el financiamiento de educación técnica y superior, para que los jóvenes encuentren empleos mejor remunerados que permitan tener una mejor calidad de vida y suficientes ahorros para su vejez.

La reforma a la ley permitirá que todas las personas que tienen Infonavit se beneficien, pero se enfocará, principalmente, en hogares que tienen resuelta la necesidad de vivienda y tienen ingresos mayores a 14 salarios mínimos.

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