jueves 19 de octubre del 2017
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Domingo, 10 Septiembre 2017 20:31

MAYL no combate la pobreza, la utiliza

 

 

Durante el informe que rendí el pasado domingo 3 de septiembre, advertí que el gobierno del estado tenía una clara estrategia electoral para utilizar la pobreza en lugar de combatirla.

 

Dije entonces que para Miguel Ángel Yunes, los pobres son simplemente sufragios por cooptar. Una semana antes, ya me había anticipado que va por los votos de 300 mil familias mediante el programa “Veracruz Comienza Contigo”. Pero resulta que en su inmoral ambición, ha aprovechado los daños causados por el huracán Katia para mostrar su rostro más perverso.

 

Con absoluto cinismo, violentando toda normatividad oficial en materia de protección civil y asistencia social, ha salido a las calles a cambiar los votos del próximo año por despensas.

 

El gobierno federal, como también lo ha hecho en otros estados que resultaron afectados recientemente por el huracán Katia y el sismo del jueves pasado, destinó a Veracruz apoyos para las familias que habrían perdido sus viviendas o que tendrían necesidades alimentarias a causa de estos fenómenos.

 

Sin embargo, este apoyo institucional fue entregado ilegalmente por el gobierno del estado a los operadores electorales panistas para hacerlo llegar, como si fuera propaganda del PAN, a los más pobres en desgracia. La farsa fue de tal manera organizada que los vehículos en que fueron distribuidos ni siquiera contenían la imagen del las autoridades estatales, sino de los promotores del voto azul que trasladaron las despensas con calcomanías que contenían la leyenda "Yunete".

 

Los gobiernos de Javier Duarte y de Miguel Ángel Yunes son lo mismo. Los veracruzanos aún recuerdan sus críticas feroces a los programas sociales apodados “ayuduarte” . Hoy Miguel Ángel Yunes actúa de peor manera al abusar de la desgracia para, de manera indecente y sin el menor pudor, poner el color de su nuevo partido e insinuar su apellido en los apoyos entregados a los damnificados del huracán Katia.

 

En esta ocasión, utilizando la desgracia de miles de veracruzanos damnificados, Miguel Ángel Yunes trata de meter hasta por los poros de la gente pobre, el color de su nuevo partido y su apellido. Y aunque yo también soy Yunes, mi carga genética no contiene esa perversidad para utilizar el enojo de la gente para ganar una elección y el dolor de la población enmedio de la desgracia para comprometer votos futuros.

 

Es necesario que las autoridades investiguen y sancionen estas prácticas que atentan contra la dignidad del ciudadano y pervierten la responsabilidad del gobierno para atender a los damnificados por una tragedia

 

No podemos caer nuevamente en el engaño oficial que sólo busca instaurar una monarquía improvisada y pasajera para seguir empobreciendo a Veracruz.

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Punto de Vista * La defensa del vástago

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Viernes, 14 Julio 2017 19:49

Filiberto Vargas Rodríguez

Prefacio.
Al cuarto para las doce, a menos de una semana de que se venza el plazo, el Congreso de Veracruz aprobó este jueves las reformas a la Constitución del Estado en materia de combate a la corrupción. La Legislatura será responsable de designar -o de cesar- al fiscal anticorrupción con el voto de las dos terceras partes de los diputados. *** La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción se integrará a la estructura de la Fiscalía General del Estado (FGE), aunque estará dotada de autonomía de acción y decisión para efectuar sus investigaciones sobre los actos de comisión u omisión. *** Se avaló además la creación del Sistema Estatal Anticorrupción como una instancia de coordinación entre las autoridades estatales con todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. *** Para revisar la fiscalización y control de recursos públicos, se contará con un Comité Coordinador y un Comité Ciudadano. *** Parte fundamental de estas reformas es la creación del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, que sustituirá al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado. Este nuevo órgano será autónomo y formará parte del Sistema Estatal Anticorrupción. *** Apegado a las directrices de la legislación federal, el nuevo marco jurídico de Veracruz para combatir la corrupción parece sólido. Habrá que revisar si en los hechos funciona como se pretende.

* * *

El mensaje ya lo había mandado desde hace mucho tiempo Miguel Ángel Yunes Linares: “Con mis hijos no se metan, o me van a conocer”.
El pasado lunes el periódico Reforma publicó los dictámenes que ha emitido la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) respecto a las elecciones municipales de Veracruz. La nota informaba que al menos 25 candidatos de la alianza PAN-PRD habían rebasado los topes de gastos campaña, por lo que sus triunfos podrían ser anulados.
El tema de fondo fue que el candidato señalado de rebasar en forma más amplia los topes en sus gastos, habría sido Fernando Yunes Márquez, a la fecha candidato electo a la alcaldía del puerto de Veracruz y -¡oh sorpresa!- uno de los hijos del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.
Ese mismo lunes el gobernador de Veracruz viajó a la ciudad de México. Lo hizo en vuelo comercial y en el aeropuerto “Heriberto Jara” provocó la entrevista con la prensa jarocha. Ahí les dio cuenta de su cargada agenda en la capital del país, lo que –dijo- lo tendría ocupado hasta el miércoles.
Más de uno sugirieron: “Va a defender la elección de su hijo”.
Y es que muchos atribuyen la filtración informativa del lunes a una medida de presión del gobierno federal (o del PRI) para defender la victoria de Miguel Ángel Riquelme Solís en Coahuila, a quien también amenazan con anularle la elección por la misma causa: Haber excedido el tope de gastos de campaña.
El golpe, sin embargo, no llegó solo. Al día siguiente empezaron a circular en redes sociales y en los principales portales de Veracruz fotografías en las que aparecen el propio Fernando Yunes Márquez con Hernán Martínez Zavala, conocido con el alias de “Comandante H”, señalado por las autoridades como Jefe de Plaza de Los Zetas en Coatzacoalcos.
En el Comité Nacional del PRI y en la bancada tricolor del Congreso federal están convencidos de que la visita de Yunes Linares a la Ciudad de México llevaba como prioridad la defensa de su hijo, y justo a esa misma razón atribuyen los dos golpes aplicados al “duartismo”, ambos publicados la mañana de este jueves.
El primero fue el comentario publicado en el portal “Eje Central” que dirige el periodista Raymundo Rivapalacio:
“El gobierno de Guatemala quiere extraditar lo antes posible al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, porque sabe tanto que teme por su vida. En la prisión militar en la capital guatemalteca, don Javier no parece estar en la misma sintonía. De entrada, tiene un teléfono celular, cuyo número (no se lo dé a nadie) es el 50246685310, que no siempre contesta, pero que cuando lo hace, después de preguntar exactamente quién está llamando, dice que no corresponde al veracruzano. Por ese teléfono, dicen los que saben, el exgobernador se comunica con sus incondicionales, varios de ellos diputados federales, como Alberto Silva y Édgar Spinoso, para transmitir amenazas. Sí, leyó bien. Amenazas para intimidar a quienes colaboraron con él en el gobierno de Veracruz para que no se les ocurra comenzar a dar información que pueda incriminarlo, ya sea a la PGR o a los medios de comunicación, que hicieran más difícil que pudiera tener un regreso a México más controlado y con un horizonte cercano para recuperar su libertad”.
Más tarde, el portal “Animal Político” dio la primicia de que la Fiscalía General de Veracruz había solicitado el desafuero del diputado federal veracruzano Alberto Silva Ramos, a quien se le abrió una carpeta de investigación, señalándolo de haber incurrido en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y coalición.
En San Lázaro dicen estar sorprendidos. No entienden cómo es que Yunes Linares insiste en demandar el desafuero de sus enemigos políticos, con argumentos tan endebles.
“Miguel Ángel sabe que el destino de este nuevo trámite será el mismo que el anterior, pero no es eso lo que le interesa. Él lo que busca es empatar este recurso jurídico con el que se le estaría abriendo a su hijo. Es una medida desesperada, pues no tiene más municiones. Es evidente que la carpeta está incompleta, pero ordenó que se iniciara el trámite de inmediato, para tener con qué negociar”, mencionó una fuente del Congreso federal.
Curiosamente todas las notas que circulan sobre la solicitud de desafuero en contra de Alberto Silva hacen mención del presunto desvío “de más de 4 mil millones de pesos de 12 dependencias distintas”. Sin embargo, ninguno de los delitos que se plasman en la solicitud de desafuero tiene que ver con la probable apropiación de fondos públicos, sino con fallas de carácter administrativo.
Se le acusa de autorizar el pago de publicidad sin tener el presupuesto para ello, lo que en todo caso –de comprobarse- ameritaría apenas una amonestación administrativa.
El Código Penal de Veracruz define en su Artículo 317 el delito de Abuso de Autoridad y advierte que “se impondrán de dos a ocho años de prisión y multa hasta de 200 días de salario al servidor público que ilegalmente ordene o ejecute un acto o inicie un procedimiento, en beneficio propio o ajeno o en perjuicio de alguien”.
En ese mismo ordenamiento, en el Artículo 319, se habla sobre el delito de Incumplimiento de un Deber Legal y se apunta que “se impondrán de uno a ocho años de prisión y multa hasta de 200 días de salario al servidor público que deje de cumplir con los deberes inherentes a su empleo, cargo o comisión en perjuicio de los derechos de un tercero o en beneficio propio o ajeno”.
Y en el Artículo 321 se hace referencia a la Colusión: “Se impondrán prisión de seis meses a seis años y multa hasta de 200 veces el salario, a los servidores públicos que se unan para tomar medidas contrarias a una ley, reglamento o disposición de carácter general, para impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la función pública, en cualquiera de sus niveles de gobierno”.
Por supuesto, ninguno de esos delitos es considerado grave, ninguno amerita la medida cautelar de la prisión aunque, como se ha visto, eso es algo que al Poder Judicial de Veracruz, no parece importarle.

* * *

Epílogo.
Durante la ceremonia conmemorativa de la fundación de la Policía Federal, el presidente Enrique Peña Nieto hizo mención especial del Comisario Camilo Juan Castagné y del Inspector Rigoberto Peña, elementos asesinados el pasado mes en Cardel. El Presidente entregó la condecoración Caballero Águila a los familiares de los uniformados que perdieron la vida en cumplimiento de su deber. El presidente de México anunció que dio indicaciones para que “durante la elaboración de un Código Penal único se revisen las agravantes contra policías” y se sancione de manera más severa a quienes atenten contra ellos. *** Los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) confirmaron la validez de la elección, los resultados de las mismas y la entrega de la constancia de mayoría a la fórmula de candidatos que resultó ganadora en siete municipios de la entidad. En sesión pública, dejaron firmes los triunfos de José Allan Riveros Alba, Marcelino Susano González, Daicy Faibre Montoya y Amado Guzmán Avilés, como alcaldes electos de Rafael Lucio, Zontecomatlán, Nautla y Tantoyuca, respectivamente, por la coalición PAN-PRD. También confirmaron la victoria de Víctor Román Jiménez Rodríguez, por Nueva Alianza (Panal) en Naranjos- Amatlán; de Melquiades Alarcón Caro, por la Alianza PRI-PVEM en Las Minas, y de Nicolás Reyes Álvarez, como el próximo edil de Minatitlán, por Morena. *** A pesar de sus limitaciones presupuestales, los magistrados trabajan a marchas forzadas para resolver todos los asuntos que les han llegado.

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Punto de Vista * Corrupción: doble discurso

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Jueves, 13 Julio 2017 17:03

Filiberto Vargas Rodríguez

Prefacio.
Según la diputada Dulce María García López, la remoción de Sergio Rodríguez de la Presidencia de la Comisión de Hacienda del Estado no tiene nada que ver con la postura crítica y la demanda de dicho legislador para que el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares transparente sus finanzas. En opinión de esta diputada perredista, la razón de dicho cambio fue que Sergio Rodríguez y la coordinadora de la bancada, Yazmín Copete “tenían sus diferencias”. *** Lo cierto es que los reclamos de Sergio Rodríguez al gobierno estatal siguen sin ser atendidos. El diputado priista Carlos Morales Guevara advirtió sobre la posibilidad de que Yunes Linares haya echado a andar “su propia licuadora”, pues hasta la fecha se ha negado a informar sobre el ajuste al presupuesto del Estado y dispone de los recursos a su antojo, sin rendir cuentas a nadie. Carlos Morales opinó que la decisión de retirar a Sergio Rodríguez de la Comisión de Hacienda del estado “es reflejo de una posición tendenciosa del gobernador ante una postura crítica por el manejo del presupuesto estatal”. *** Si en realidad está dispuesto a transparentar su gestión, Yunes Linares podría empezar por informar cuándo entregará (y de dónde los sacará) los 4 mil millones que les debe el gobierno estatal a los 212 ayuntamientos, como lo denunció el alcalde de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez. *** Yunes Linares tuerce la boca cada vez que se le recuerda que esos son compromisos del gobierno, no del gobernador y que a él le toca solventarlos. *** Quizá con la renegociación, esa de la que hasta la fecha nada se sabe.

* * *

En la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción, Veracruz pasó de ser “el estado del agandalle” al estado omiso.
En el 2015, cuando la Federación no concluía aún las reformas que le dan forma a este sistema, tres entidades se apresuraron a enviar iniciativas sobre el tema a sus congresos locales. Los gobiernos de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo aprobaron leyes anticorrupción antes de que fueran promulgadas las leyes federales.
En realidad se trataba de reformas “a modo” que tenían como fin garantizar la impunidad de los gobernantes de aquel momento, esto es, Javier Duarte (Veracruz), César Duarte (Chihuahua) y Roberto Borge (Quintana Roo), ya que gracias a esas reformas podrían imponer fiscales anticorrupción comprometidos con ellos y que trascenderían sus sexenios.
Al año siguiente, 2016, todas esas reformas fueron declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De esos tres estados que intentaron “madrugar” a la Federación, dos de ellos –Veracruz y Chihuahua- están empantanados en la construcción de sus sistemas estatales. El Congreso de Veracruz sesiona este jueves para someter a votación las reformas en la materia, a una semana de que venza el plazo que se impuso una vez que se promulgaron las leyes federales.
Llama la atención la lentitud con la que Veracruz ha atendido este tema tan importante, cuando fue uno de los recursos más socorrido por el actual gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, en su campaña electoral: El combate a la corrupción.
Luego de ocho meses de gestión, ya podemos explicarnos las razones de su morosidad. Su administración está mostrando una tendencia irreversible a la opacidad y tras cubrir la cuarta parte de su gestión, ya han surgido las primeras señales de que entre sus colaboradores hay elementos corruptos.
Para evitar que la misma bandera que lo llevó al gobierno sea la razón de su descalabro, Yunes Linares ya opera en busca de personajes que “cubran el perfil” y que aparenten independencia, pero que en lo oscurito estén dispuestos a llegar a acuerdos con él.
El primo hermano del actual gobernador de Veracruz, el senador priista Héctor Yunes Landa, quien preside en la Cámara Alta la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, ya levantó la voz para reclamar que esta entidad se ubique en el último lugar de avance a nivel nacional.
“El tiempo se agota y no se observa voluntad política de las autoridades del estado, a pesar de los graves problemas que se han venido denunciando. Nos preocupa que haya un doble discurso en esta materia”, dijo y advirtió que en múltiples ocasiones se han enviado exhortos a los Congresos locales para que aceleren el proceso de armonización.
“La corrupción es el problema más grave que enfrenta la administración pública, por lo que no podemos privilegiar cálculos políticos, cuando ya hemos logrado ponernos de acuerdo en lo más importante, que es el sistema en su conjunto”, sentenció.
Lo que a Veracruz le corresponde (como al resto de los estados) es aprobar una reforma constitucional, crear la ley del sistema local anticorrupción, crear el comité correspondiente, designar al fiscal estatal e integrar el Tribunal especializado en esa materia.
Así pues, mientras Miguel Ángel Yunes Linares se la pasa exhibiendo las innumerables tropelías cometidas en la administración de Javier Duarte, se desentiende de la responsabilidad de crear el marco jurídico que permita prevenir actos de corrupción similares a los cometidos en pasadas administraciones y a la vez castigar a quien sea sorprendido incurriendo en malas prácticas.
Es algo así como “ver la paja en el ojo ajeno y no percibir la viga en el propio”.

* * *

Epílogo.
El ayuntamiento de Minatitlán mantuvo la calificación de ‘BBB(mex)’ respecto a su calidad crediticia, pero la empresa calificadora Fitch Rating modificó su perspectiva, de “negativa” a “estable”. Esto se debe a que la tesorería municipal fortaleció su recaudación en 2016 respecto a 2015, a la vez que mantuvo control en el gasto operacional y aumentó el ahorro interno. Sigue teniendo problemas con su pasivo circulante y con su disposición de liquidez. Minatitlán tiene una deuda pública que asciende a 120.9 millones de pesos. De esa cantidad, 30.7 millones corresponden a las dos emisiones bursátiles; otra parte pertenece a un financiamiento bancario dispuesto en octubre de 2016 por 73.6 millones de pesos con Interacciones, a un plazo de 5 años y para cuyo pago se afectaron 22.5% de las participaciones federales. El resto corresponde a un crédito con la banca de desarrollo cuyo saldo insoluto es de 16.5 millones de pesos. *** Finalmente será el próximo lunes cuando el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, llegue a México para enfrentar los cargos por los delitos del fuero común y federal. La PGR y la Cancillería confirmaron que a pesar de que el gobierno de Guatemala ofreció concretar la extradición desde la semana pasada se decidió no apresurar el procedimiento para evitar “darle ventajas procesales” al exgobernador veracruzanos. Ya se verá si sirvió de algo. *** A propósito de la constante referencia del gobernador de Veracruz, en el sentido de que la incidencia delictiva se ha disparado en delitos del fuero federal, baste señalar que este miércoles dos sujetos armados ingresaron a la sucursal de la tienda departamental “Jotaerre”, ubicada en el centro de Veracruz y cometieron un atraco. Los hechos ocurrieron en el local ubicado en la calle de Esteban Morales entre 5 de mayo e independencia. Los dos sujetos amagaron con una pistola a las empleadas y las despojaron de sus pertenencias. Antes de huir hicieron un disparo y salieron por la puerta principal, sin que apareciera ninguna patrulla policiaca. *** ¿Crimen organizado? No, ineficacia de nuestra policía.

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Punto de Vista * Lo que falta es capacitación

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Miércoles, 12 Julio 2017 09:24

Filiberto Vargas Rodríguez

Prefacio.
El seguimiento de la cadena de mando fue impecable. El gobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares, ordenó a su operador político, el secretario de Gobierno Rogelio Franco, que “pusiera orden” en el Congreso local, que Sergio Rodríguez -miembro de la bancada del PRD y Presidente de la Comisión de Hacienda del Estado- estaba provocando demasiados dolores de cabeza. *** Rogelio Franco habló con su amigo y socio. Han pasado muchos momentos difíciles juntos y gracias a la mutua lealtad lograron salir adelante. Fueron los promotores de la alianza del Sol Azteca con el PAN en el 2016 y a pesar de las presiones consiguieron el respaldo del Comité Nacional y con Yunes Linares como candidato consiguieron la gubernatura. *** A partir de ahí empezaron los problemas. Sergio Rodríguez estaba convencido de que su aportación a la alianza le hacía merecedor de la coordinación de la bancada del PRD, pero se la dieron a Yazmín Copete Zapot. Como “premio de consolación” le concedieron la Presidencia de la Comisión de Hacienda del Estado. *** Sergio Rodríguez aguantó el ramalazo y se puso a trabajar. Entendió que desde la posición obtenida, muy pronto requerirían de sus servicios… y así fue. *** Una ampliación del plazo para definir el presupuesto de egresos del 2017 y el permiso para renegociar la deuda pública, son dos temas que han pasado por la comisión que preside Sergio Rodríguez, quien mantuvo una posición dura, severa: “O cumplen con lo que dispone la Constitución, o se rechazan las propuestas”. Emitió exhortos al gobernador para que cumpliera con los compromisos asumidos ante el Poder Legislativo y exhibió la opacidad con la que operaba la Secretaría de Finanzas. *** Rogelio Franco no logró convencer al amigo de que suavizara su postura y tuvo que proceder en consecuencia. Le ordenó a la coordinadora de la bancada que lo retirara de la Comisión de Hacienda. *** Miguel Ángel Yunes Linares sigue aplicando ese principio que reza: “O estás conmigo, o estás contra mí”.

* * *

La historia no siempre (más bien, muy pocas veces) es como la narran nuestras autoridades.
A raíz de la cobarde ejecución de los mandos de la Policía Federa Camilo Castagné y José Rigoberto Peña, ocurrido en Cardel la tarde del sábado 24 de junio, las fuerzas federales iniciaron una fuerte ofensiva contra el grupo criminal que opera en la región de La Antigua, identificado como una facción del cártel Jalisco Nueva Generación.
El suceso causó tal conmoción a nivel nacional, que hasta el Presidente Enrique Peña Nieto censuró tal ataque y provocó que toda la maquinaria policiaca y militar se concentrara en la solución de ese atentado.
No había transcurrido una semana cuando las fuerzas federales anunciaron la captura de diez sujetos, entre los cuales identificaron a las cuatro personas que fueron captadas por cámaras de video cuando asesinaban a los jefes de la Policía Federal.
El reporte oficial mencionó que mediante un operativo desplegado en una casa ubicada en la confluencia de las avenidas Hacienda Corralejo y Corregidora de la colonia Los Ángeles Mayorazgo de Puebla, ubicaron y detuvieron a los probables responsables del atentado perpetrado 24 de Junio.
Los detenidos fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social número 5, en Villa Aldama, Veracruz y puestos a disposición de un juez de Distrito del estado de Puebla, quien determinó que no procedía vincularlos a proceso por portación de arma de fuego y que no se acreditaron los otros cargos.
¿La razón?
“Lo narrado por los elementos aprehensores –Policía Federal y Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR- se encuentra en oposición a los datos de prueba’’, explicó el juez.
Explicó que la captura de este comando “no ocurrió en la forma descrita’’.
Rubén Torres, reportero del periódico El Economista, sugiere que los responsables del operativo para la captura de los presuntos homicidas, usaron el antiguo sistema: “crear’’ culpables de oídas. Ahora, con el nuevo Sistema Penal de Justicia, eso ya no se vale. Los policías deben sustentar bien sus casos y cuidar hasta el último detalle los procedimientos.
“El juzgador fue generoso y calificó de ‘legal la detención’ y destacó que ‘tal determinación no tiene efectos de sobreseimiento por lo que la representación social –PGR- está en posibilidad de continuar la investigación’, y pero ordenó la inmediata libertad de los detenidos”, narró Rubén Torres.
Para evitar que los detenidos obtuvieran su libertad, la Fiscalía General de Veracruz se echó un “bomberazo” y en cuestión de horas elaboró un expediente en contra de los diez sujetos y solicitó a un juez del fuero común órdenes de aprehensión en contra de todos ellos, por homicidio. Los reos fueron trasladados del penal federal al “penalito” de Boca del Río.
Fue por eso que el gobernador de Veracruz externó su molestia y en Orizaba demandó a los legisladores que trabajaran en realizar las reformas necesarias para “perfeccionar” el nuevo Sistema de Justicia Penal.
Pero el problema no está ahí.
En su colaboración para el periódico El Financiero, Antonio Cuéllar lo explica así:
“El Nuevo Sistema de Justicia Penal parte del respeto puntual al derecho humano de presunción de inocencia, por el que nadie, absolutamente nadie, debe ser privado de su libertad sino hasta que auténtica y objetivamente se demuestre su absoluta culpabilidad con relación a un hecho que la ley identifique como un delito (…) Son tantas las detenciones hechas por ministerios públicos estatales en las que, habiéndose presentado al imputado, éste regresa a la calle con motivo de la liberación que le otorga el juez de control (…) que distintos órganos de gobierno local están solicitando la inclusión de un número mayor de delitos de entre aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
“La idea constituiría un atentado contra el nuevo sistema y la protección de los derechos humanos que tanto ha demandado y persigue nuestra sociedad (…) Es necesario que la ciudadanía sepa y esté enterada de que la liberación de sujetos de alta peligrosidad, si ocurre, tendrá lugar con motivo de la incapacidad de los ministerios públicos responsables al ofrecer pruebas y formular argumentación jurídica necesaria para demostrarla.
“El texto de la Constitución permite la solución del problema que los ejecutivos estatales y el jefe de Gobierno avizoran. No se trata de retrotraer los efectos de la beneficiosa reforma de la Constitución en materia de procuración de justicia penal, se trata, como con relación a muchos otros problemas más, de la adecuada preparación de quienes tienen bajo su encomienda el cumplimiento de la ley, en este caso, el Código Nacional de Procedimientos Penales: los ministerios públicos, los defensores y los jueces”.
En resumen: Menos lamentaciones y más capacitación.

* * *

Epílogo.
Ya fue consignado en diversos medios, pero no se puede pasar por alto. Al encabezar la ceremonia de izamiento de banderas, en el marco del XV aniversario de la Conago, el presidente Enrique Peña Nieto hizo un llamado a los gobernadores a “jalar parejo” en materia de seguridad, fortaleciendo sus instituciones de justicia para atender la demanda de la población. Afirmó que la fuerza de México se sustenta en la fortaleza de sus estados, en la medida que éstos se consoliden, el desarrollo será más rápido. ¿Así o más claro? *** El regidor quinto del ayuntamiento de Cerro Azul, Rogelio Hernández Andrade, fue asesinado la noche del lunes cuando llegaba a su hogar en la calle Buenos Aires, colonia Deportiva, de la cabecera municipal. Minutos antes de las 12 de la noche, el edil de 44 años de edad, llegaba a su domicilio en su vehículo, cuando recibió varios impactos de bala. La dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano lamentó y reprobó el homicidio de su compañero Rogelio Hernández Andrade y atribuyó el hecho al “clima de inseguridad, violencia y zozobra en que vivimos los veracruzanos”. *** En Córdoba, este martes, un hombre murió y una niña de cinco años resultó herida como consecuencia de una agresión por arma de fuego cuando un comando armado ingresó a una casa en la avenida 4 a la altura de la calle 2, en el Barrio de Las Pitayitas. *** En el sur, dos personas de sexo masculino fueron encontradas ejecutadas en el camino viejo Jáltipan-Texistepec, cerca del puente de la autopista. Uno de los cuerpos fue encontrado a orillas del camino, en tanto que el segundo se ubicó en un desnivel del mismo entre la maleza. Horas más tarde los cuerpos fueron identificados. Corresponden a Saúl Rueda Gómez y a su sobrino Mariano Gómez Pérez, de 36 y 22 años de edad, respectivamente, originarios y vecinos de la congregación Chalcomulco, municipio de Soconusco. Ambos se dedicaban a las labores del campo. *** Ojalá el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares atienda el llamado del Congreso local y envíe a su secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié para que explique las razones de tanta violencia y lo que están haciendo para frenarla.

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Punto de Vista * La frustración de Yunes

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Martes, 11 Julio 2017 10:38

Filiberto Vargas Rodríguez

Prefacio.
Está claro que el “calambre” lo dictó el Gobierno Federal. El mensaje fue muy claro: Si intentas arrebatarme Coahuila, te quito Veracruz. *** Esa es la razón de la nota filtrada este lunes en el periódico Reforma, en la que se denuncia que municipios estratégicos para el PAN, como Veracruz y Boca del Río rebasaron el tope de gastos de campaña de forma –por decir lo menos- escandalosa. *** Pero Los Yunes de Boca se asemejan mucho al dueño de Morena: Asumen que lo único válido, lo único creíble, es su palabra, y sin prueba alguna, sin otro argumento que su apellido, descartan cualquier señalamiento en su contra. *** El joven Fernando Yunes, hasta hoy candidato electo a la alcaldía de Veracruz, emitió de inmediato un comunicado para rechazar la versión, surgida de los dictámenes de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE). Ese órgano estableció que 25 de los 107 candidatos de la alianza PAN-PRD, que ganaron el pasado 4 de junio, en municipios como Veracruz, Boca del Río, Tuxpan y Fortín, sobrepasaron el límite de gastos permitido. *** El principal argumento de Fernando Yunes Márquez para alegar que su triunfo no puede ser anulado, es que la Ley establece para que se dé ese caso, la diferencia entre el vencedor y el segundo lugar debe ser de 5% o menos, y en su caso superó a su más cercano adversario –Morena- por más del 30%. *** Lo que quiere decir es que aunque se hubiera excedido en el gasto (pues él asegura que no fue así) no habría fundamento jurídico para anular la elección. *** Casualmente su papá viajó este lunes a la ciudad de México. No, no sea mal pensado. Fue a ver temas relacionados con su gestión como gobernador. Él ha jurado que no metió, no mete, ni meterá las manos en las carreras políticas de sus hijos. Ajá.

* * *

La inconformidad de Miguel Ángel Yunes Linares con el nuevo sistema de justicia penal es comprensible. El gobernador de Veracruz se siente maniatado ante lo que él considera un marco jurídico “permisivo con los delincuentes”.
Esas no son las condiciones con las que suele trabajar el mandatario veracruzano. Desde los años 90, cuando gobernaba desde la Secretaría de Gobierno, Yunes Linares mostró su gusto por la “mano dura”. Gustaba que le conocieran como un gobernante “implacable, que no se tienta el corazón”.
Sin embargo, desde entonces entendió que a pesar de imponer su voluntad en las instituciones encargadas de procurar y de administrar la justicia en Veracruz, su voluntad no tenía el mismo peso en el sistema federal.
Allá, en el centro del país, decidieron que Dante Delgado, Gerardo Poo y Porfirio Serrano abandonaran la cárcel y él, muy a su pesar, tuvo que acatar la voluntad de los jueces.
En la actualidad está viendo que la historia se repite. ¿De qué le sirve gozar del poder para obligar al “autónomo” Fiscal General del Estado a obedecer ciegamente sus órdenes; qué caso tiene mantener dominio absoluto sobre el Poder Judicial del Estado, si a final de cuentas cualquiera de los imputados puede conseguir la libertad con el simple hecho de recurrir a las instancias federales?
Eso frustraría a cualquiera, con más ganas si se trata de un político con sueños dictatoriales.
Y esa frustración la descargó contra aquellos que no están bajo sus órdenes: “Es urgente revisar el nuevo Sistema de Justicia Penal. No puede ser que una banda delictiva como ésta (se refería a los diez sujetos detenidos en Puebla, señalados de participar en el homicidio de los mandos de la Policía Federal en Cardel), que tiene elementos más que suficientes para acreditar su participación en distintos hechos delictivos, no haya sido sometida a prisión, a proceso, por un juez federal”.
Eso le suele pasar al gobernador de Veracruz. Cuando la frustración lo hace estallar, no entiende razones, no busca quién se la hizo, sino quién se la pague.
Miguel Ángel Yunes es un político muy inteligente, es abogado y –dicen- de los buenos. Con la cabeza fría, en sus cabales, con seguridad habría entendido que el problema no es del nuevo Sistema de Justicia Penal, es –como lo apuntó certeramente el ministro José Ramón Cossío Díaz- que los eslabones más débiles son “las policías, los integrantes de servicios periciales y los fiscales que han demostrado que no construyen bien sus acusaciones y se enfrentan a la dificultad de identificar los delitos conforme a los requisitos contenidos por la ley”.
Acá en la aldea, en los dominios de Yunes Linares, al brillante abogado Jorge Winckler no le importa que sus agentes del Ministerio Público integren de forma deficiente la Investigación Ministerial. Tiene la confianza de que todos los jueces de control del fuero común en Veracruz (¡todos!) respaldarán cualquier gestión de la Fiscalía, so pena de ser sometidos a “proceso sancionador”.
¡Sólo por eso es que de repente Yunes Linares se pone a pensar que sería bueno ir en busca de la Presidencia!
¡Les enseñaría a todos esos ineptos cómo se imparte justicia!
Pero mientras eso no suceda, Miguel Ángel Yunes deberá asumir que su poder es limitado y que todos los exfuncionarios que ha metido a la cárcel, y hasta el mismo Javier Duarte, podrían obtener legalmente su libertad.
Es comprensible la actitud del gobernador. Eso volvería loco a cualquier remedo de dictador.

* * *

Epílogo.
Curioso el dato. Los dictámenes de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE señalan que la candidata de la alianza PAN-PRD a la alcaldía de Xalapa, Ana Míriam Ferráez, es otra de las que rebasó los límites de gasto de campaña. A pesar de ello, su derrota fue contundente. Está visto que no es suficiente gastar mucho dinero para ganar una campaña electoral. También hay que saber cómo gastarlo. Quizá con un mejor candidato. *** El senador Pepe Yunes se reunió este lunes con integrantes del Consejo Estatal Agropecuario, a quienes les reiteró su convicción de que los sectores agrarios de Veracruz necesitan apoyo para generar condiciones favorables para los productores. Yunes Zorrilla puso a las órdenes de los dirigentes agropecuarios el Senado de la República y se ofreció a gestionar desde ese espacio programas de ayuda. *** Edwin Rivera Paz, era un camarógrafo de origen hondureño. Allá en su país trabajaba con Igor Padilla, periodista que fue asesinado el pasado mes de enero. Alguien le sugirió a Edwin Rivera que saliera del país, para evitar que le sucediera lo mismo que a su compañero. Alguien le sugirió que se refugiara en México (primer grave error) otro le dijo que se asentara en el estado de Veracruz (error aún más grande) y finalmente escogió la zona sur del estado (la tercera y más grave pifia), que en lo que va del año se ha caracterizado por sus altos índices de violencia. Edwin Rivera fue asesinado el pasado fin de semana en Acayucan. Las autoridades de Veracruz no han dicho una sola palabra. ¿Respeto a la libertad de expresión? ¡Pamplinas!

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Punto de Vista * Los “periodicazos” a Yunes

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Lunes, 10 Julio 2017 11:02

Filiberto Vargas Rodríguez

Prefacio.
La instrucción debió ser tajante: “Juez o magistrado que no quiera jalar, que se atenga a las consecuencias. Te encargo Edel, que tomes medidas contra aquellos que han estado protegiendo a los duartistas. No vamos a permitir un solo acto de traición”. *** El Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez peña, conoce muy bien al gobernador. Sabe que por las buenas suele ser espléndido, pero enojado… no mide las consecuencias. *** De inmediato se aplicó a la tarea de atender la instrucción de su amigo (y jefe). Inició proceso sancionador contra dos magistrados (Gilberto Ignacio Bello y Nájera y José Luis Ocampo López) a quienes señala de favorecer al actual diputado federal, Tarek Abdalá, y al excontralor Mauricio Audirac. *** El mensaje de Miguel Ángel Yunes Linares es claro: “Los que no estén conmigo, están contra mí”.

* * *

Fue a principios del 2016, presionado por la demanda de grupos civiles que denunciaban persistentes violaciones a los derechos humanos, y cuestionado por los medios de comunicación respecto a la situación del secretario de Seguridad Pública, el entonces gobernador Javier Duarte fue contundente: “Primero me voy yo, antes que Arturo Bermúdez”.
En el mes de agosto de ese mismo año, luego de que fueran exhibidas sus múltiples empresas y sus millonarias propiedades en Estados Unidos, Arturo Bermúdez Zurita presentó su renuncia. Se fue antes que su jefe… pero no mucho antes.
Este fin de semana, en Orizaba, los reporteros cuestionaron a Miguel Ángel Yunes Linares si el actual secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, dejaría el cargo ante su evidente ineficacia, toda vez que la violencia e inseguridad persisten en Veracruz.
La respuesta de Yunes Linares fue tan contundente como aquella de Javier Duarte:
“Yo no acostumbro a mover funcionarios a los que quieren matar a periodicazos, Jaime Téllez Marié trabaja 20 o 22 horas al día todos los días; desde muy temprano está en la trinchera, en lo que tiene que hacer; es muy fácil desde la comodidad de una silla o detrás de una grabadora pedir la renuncia de una persona sin saber lo que hace; para que tenga una idea, el día de hoy ni él ni yo hemos dormido por este tema del banda delictiva que fue detenido y así sucede mucho días de la semana”.
El gobernador de Veracruz debe entender, en primer término, que a los veracruzanos no les interesa saber cuáles son “sus costumbres”. Debe saber, luego de tantos años en el servicio público, que “trabajar mucho” no significa “trabajar bien”.
Debe ubicarse en su realidad actual y recordar que antes de ser gobernador, cuando montó sus oficinas en Boca del Río, “desde la comodidad de una silla” pedía, un día sí y otro también, la renuncia de todos los funcionarios estatales. Debe entender que los veracruzanos que votaron por él (algo así como un millón de ciudadanos de un padrón de más de 5 millones, esto es, ni el 20%) lo eligieron como gobernador, no como velador. Que las horas que duerman es problema suyo, no es justificación para su ineficiencia.
En virtud de que el tema de la conferencia de prensa fue el de la seguridad, los cuestionamientos al gobernador versaron sobre ese tema. Acerca de la incidencia delictiva respondió:
“Hay elementos suficientes para sostener que efectivamente hemos tenido en las últimas semanas, en los últimos meses un incremento en los homicidios vinculados a delincuencia organizada, fundamentalmente ejecuciones, pero en otro tipo de delitos de menor impacto para la sociedad, ha habido una disminución en varias zonas del estado (…) Yo lo he dicho siempre: Nosotros no negamos lo que sucede en Veracruz, el primer paso para resolver un problema es reconocerlo. ¿Hay un problema de seguridad? Sí, sí lo hay. ¿Se está combatiendo? Sí, sí se está combatiendo”.
Es falso que exista tal transparencia en el tema de la inseguridad en Veracruz. El gobernador asume que por admitir que existe un problema de inseguridad (algo que todos los veracruzanos perciben, sin necesidad de que él lo confirme) está siendo honesto. Más bien está siendo cínico. Admite el problema y se niega a corregir su fallida estrategia.
Es muy cómodo admitir un problema y al mismo tiempo culpar a otros. Nunca se le ha escuchado decir a Yunes Linares que hay un problema de seguridad y que su equipo de colaboradores en esa materia no ha hecho bien su trabajo.
¿Quiere ser transparente? Responda: ¿Por qué no ha cumplido con el compromiso hecho durante su campaña electoral, de poner al frente de la Secretaría de Seguridad Pública a un militar de carrera, con experiencia en esos temas, y retira del cargo a su amigo, a su operador político Jaime Téllez Marié.
¿Quiere presumir de su honestidad frente a los veracruzanos? Responda: ¿Cuántos homicidios no vinculados a la delincuencia organizada, no atraídos por la PGR, los del fuero común, han sido resueltos por la Fiscalía General del Estado desde que impuso en ese cargo a su amigo y empleado Jorge Winckler?
Parafraseando al actual gobernador: qué cómodo es hablar desde la comodidad de la silla de Palacio de Gobierno del incremento de delitos del orden federal, o de la corrupción policiaca “producto de otros gobiernos”. Qué pena que en su afán de negar su responsabilidad en esos problemas, se niegue a hacer los ajustes que le urgen a la estrategia contra la inseguridad.
Tiene razón Yunes Linares: El primer paso para resolver un problema es reconocerlo. Debe empezar por admitir que las hemorroides no las padece “el primo de un amigo”, sino él mismo.

* * *

Epílogo.
Lo dio a conocer la empresa calificadora Fitch Ratings: Fue retirada la calificación específica de ‘AA-(mex)vra’ del crédito bancario de largo plazo contratado por el estado de Nuevo León con HSBC México. El monto que se contrató del crédito era de 750 millones de pesos y el saldo al mes de marzo era de 266.3 millones de pesos. El saldo fue liquidado de forma anticipada, mediante el proceso de refinanciamiento que lleva a cabo el Estado. ¿Y Veracruz? ¿Cuándo? *** El senador Pepe Yunes Zorrilla recorrió la Planta Comercializadora Látex de Tezonapa, en la comunidad de Puente Chilapa. Ahí reiteró su compromiso con todos los sectores productivos del estado. Dijo que su función y responsabilidad como Senador es presentar ante el Gobierno de la República la problemática tanto de la población como del aparato productivo, y las posibilidades de solución. Las gestiones de Yunes Zorrilla han sido fundamentales para respaldar sectores de gran importancia en Veracruz, como los cañeros, cafeticultores, los productores de hule, citricultores y pescadores. *** Es hora de que el gobierno de Veracruz admita su responsabilidad en la ola de violencia que afecta a toda la entidad. La madrugada del domingo, en Acayucan, fue asesinado Roberto Carlos Martínez Pucheta, dueño de un negocio dedicado a la venta de alimentos, cuando se dirigía a su domicilio a bordo de una camioneta que fue impactada por otra unidad. De inmediato varios sujetos dispararon en su contra. En aquella misma zona, en la autopista Cosoleacaque-Nuevo Teapa, fue encontrado el cadáver de un hombre. Presentaba una herida a la altura del cuello. *** Ese mismo sábado, por la tarde, en Xalapa, en el estacionamiento de Costco, fue asesinado un joven identificado como Luis Alberto Luna Romero. Justo cuando llegaba a abordar su vehículo, varios sujetos le dispararon desde una camioneta color blanco que se dio a la fuga. *** Una vez que Miguel Ángel Yunes Linares reconozca el problema, el siguiente paso será que tome las medidas necesarias para resolverlo. Ya estamos en el octavo mes.

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La globalización económica y el comercio digital han traído grandes beneficios a países, empresas y personas. Actualmente, podemos comprar por internet casi cualquier cosa, a cualquier hora, en cualquier lugar, y pagarlo con múltiples opciones de banca electrónica. Sin embargo, esta nueva era digital trae consigo sus propias letras diminutas: el fraude bancario y el robo de identidad.

Con la aparición de nuevas tecnologías el robo de identidad se ha convertido en la modalidad delictiva que más ha crecido en los últimos años. Los fraudes en contra de los clientes de la banca son cada vez más complejos y sofisticados, ya que se cometen por medios electrónicos principalmente.

Este problema afecta al sistema financiero en su conjunto e inhibe el desarrollo de la banca electrónica. Así, lo mismo hemos escuchado que algunos de los bancos más importantes de todo el mundo han sido defraudados por hackers cibernéticos, que cualquier ciudadano común de nuestro país ha sido víctima de la clonación de su tarjeta bancaria. A nueve de cada diez mexicanos nos preocupa ser víctimas de un fraude electrónico.

No es un problema fácil de resolver. Tras de sí está la presencia de una serie de conductas delictivas individuales –lo que ha motivado una serie de reformas a la legislación en materia financiera-, pero al mismo tiempo, se trata de acciones colectivas que rebasan las fronteras de los países y se convierten en un verdadero reto para el sistema financiero global.

Los datos que hoy tenemos en México nos muestran un problema complejo que no podemos ignorar: En abril pasado, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) nos informó que el número de casos de posible fraude se elevó de 4 millones 23 mil en 2015 a 5 millones 376 mil en 2016.

Esto ha generado un gran conflicto entre los bancos y sus clientes. Tan solo el año pasado, los usuarios presentaron más de 7.2 millones de quejas en reclamo de poco más de 21 mil millones de pesos. Éstas quejas se refieren principalmente a cargos no reconocidos en consumos que no realizaron, por cheques mal negociados, retiros no reconocidos, suplantación de identidad, y transferencias no reconocidas, entre otras. Ésta es la octava cifra más alta en todo el mundo.

En cuanto al robo de identidad, en 2016 se registraron 78 mil 788 posibles casos. Ésta cifra, según la misma institución, disminuyó con respecto al año anterior, cuando se reportaron poco más de 100 mil casos, pero su número casi duplica la cifra de 2012. Esto refleja que el gobierno y el sistema bancario han tomado medidas adecuadas pero no suficientes para prevenir y sancionar estos delitos.

Los expertos aseguran que el robo de identidad se realiza en dos pasos: alguien roba la información personal de la víctima y posteriormente, los delincuentes usan esa información para hacerse pasar por las persona y cometer los fraudes. A esto también se le conoce como suplantación de identidad.

Según la “Guía para Prevenir el robo de identidad” del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), hay tres tipos de métodos comunes para el robo de identidad: aquellos que se realizan de forma tradicional, sin acceso a internet; los que sin acceso a internet se apoyan de alguna herramienta tecnológica; y, finalmente, los que se realizan con acceso a internet.

Por supuesto que la solución no se encuentra en inhibir el uso del internet. México vive hoy un gran crecimiento económico y comercial gracias a éstas herramientas y eso ha impulsado a empresas y particulares, abriendo sus fronteras y capitalizando el valor de los productos nacionales.

Basta decir que tan solo el año pasado se realizaron 83.16 millones de compras con tarjeta en comercio electrónico en México, más del doble respecto a las 38 millones del año anterior. La propia Condusef informó que el monto de las compras por Internet pasó de 52 mil millones en 2015 a 78 mil millones de pesos al año siguientes,
lo que significa un incremento de 50 por ciento.

Sabemos que no bastan leyes más duras en el castigo de quienes cometen fraudes bancarios o robo de identidad; hace falta que los bancos fortalezcan sus sistemas electrónicos de seguridad y una mayor cultura por parte de los usuarios de la banca. La moraleja no puede ser más clara; Debemos no sólo administrar de la mejor manera nuestras finanzas personales sino que, además, debemos evitar que la modernidad y las nuevas tecnologías sean utilizadas en contra de nuestra economía.

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Por: José Miguel Cobián

En esta era de la post-verdad y las fake news (noticias falsas) dónde cada quien
publica lo que quiere, y el público lee y cree lo que gusta, en lugar de enterarse de la
verdad, es muy difícil comentar lo que voy a compartir contigo amig@ lector(@).
Ahí va: El audio de los mil millones de pesos para el PRI nacional es falso. Ni es la voz
de Tarek (que me cae muy mal), ni es la voz de Javier Duarte. Quien las imita hizo un
buen trabajo, apto para que la mayoría se lo crea, pero después de un concienzudo
análisis podría apostar que no son sus voces.
¿Y eso que significa? Que se comprueba lo que he venido diciendo y sospechando
desde hace más de dos años, que Javier Duarte se ha convertido en la mayor y más
eficiente caja china de México. ¿No te parece extraño que el audio salga cuando
medio México está indignado por la nula respuesta del Presidente Peña al comentario
del Presidente Trump respecto a que ¨absolutamente México pagará el muro¨?
Siempre que hay algo que ocultar, o que es urgente distraer a la opinión pública sale a
relucir Javier Duarte.
Y no, no digo que su gobierno haya sido un gobierno ejemplar, y mucho menos
afirmaría jamás que fue un gobierno honesto en el que no se dispusieron recursos
públicos para cuestiones privadas. Sólo afirmo que el poco o mucho daño que su
gobierno le haya hecho a Veracruz ha sido aumentado mil veces por aquéllos que
encontraron en Javier Duarte el mejor medio para distraer a la opinión pública.
Por ejemplo, de las múltiples acusaciones que ha realizado verbalmente el gobernador
de Veracruz, sólo unas cuantas se han materializado en denuncias y ninguna en
sentencia a la fecha. Nadie podría dudar de los deseos de venganza, de la búsqueda de
imagen de justiciero, de la inteligencia y capacidad de Miguel Ángel y sin embargo, los
resultados han sido magros.
En lo personal me parece absurdo pensar en arreglos económicos con aquéllos que
tienen la ¨honra¨ embarrada en actos ilícitos. Esa teoría del ¨vómito negro¨ que
implica que un presunto delincuente y emisario del pasado sexenio, en lugar de ser
acusado y sometido a proceso, entrega a prestanombres del actual gobernador el 80%
del botín que aún queda en sus manos, ya sea en efectivo o en bienes, a cambio de su
tranquilidad y cancelación de cualquier acusación en su contra, no cuadra con los
objetivos a mediano plazo del gobernador.
Analicemos un poco: Por un lado es cierto que si recibes dinero o bienes de un
particular, -sobre todo si es a un prestanombre-, no existe ningún delito que perseguir,
y mucho menos daño al erario público. Por el otro lado, sabemos como es la política
en México, y sabemos que el puesto de gobernador es muy rentable, mucho muy
rentable. También sabemos que hay la intención de que sea el hijo del mismo nombre
quien asuma la gubernatura los próximos seis años. ¿A quien se le ocurre que por
unos cuantos pesos (que no serían pocos, estoy de acuerdo), el gobernador va a
arriesgar su proyecto sucesorio familiar. A fin de cuentas es más rentable ser
gobernador ocho años (6 + 2), que cualquier otro convenio. Y nada mejor para
lograrlo que cumplir las promesas de campaña de castigar a los corruptos.
¿Te acuerdas del crimen del periodista en la Narvarte? Al principio todo mundo decía
que había sido orden de Javier Duarte. Al final se comprobó que nada tuvo que ver. Y
lo mismo con muchos crímenes que se le han achacado y que cuando se resuelven
nada tuvo que ver.
Suponiendo sin conceder, que tenga yo razón y que no haya ni ¨vómito negro¨ ni
arreglos con sexenios anteriores, ¿Por qué seguir usando a Javier Duarte como la caja
china? La respuesta es sencilla. Convierte a tu enemigo en el demonio mayor (AMLO
lo ha hecho con Carlos Salinas y le ha dado resultado), o convierte a tu aliado en el
máximo distractor (Eso han hecho Peña y el resto de políticos del altiplano con Javier
Duarte) y tendrás tranquila a la opinión pública.
Recordemos el caso de los medicamentos contra el cáncer que eran agua destilada.
Ninguna autoridad respaldó la acusación. No hay crimen de lesa humanidad. Y sin
embargo el escándalo sigue y será llevado a la corte internacional de la Haya. Los
medicamentos contra el sida ya caducos o inservibles, también sufrieron la misma
suerte: Ninguna autoridad avaló la acusación.
Hay otros casos de enriquecimiento explicable (por el robo al erario), que no tienen
duda según parece. Muchos veracruzanos vimos a funcionarios enriquecerse
brutalmente, el saqueo a las arcas estaba a la vista de todos. Pero de allí a inflar las
acusaciones y llevarlas a otro nivel, como que es un exceso que tiene la finalidad de
engañar a la opinión pública. Y con esto quiero decir, que puedo creer que Javier
Duarte no fue un buen gobernante y que su camarilla robó en exceso pero no fue tan
malo como nos quieren hacer creer.
El columnista dice que robó en exceso. ¿Qué querrá decir?. La respuesta es sencilla:
No hay un solo funcionario público y mucho menos un solo gobernador del país que
no haya robado, la diferencia es que cuando robas demasiado, se nota mucho. Si robas
pero haces obra, se nota menos. No creo que haya un solo mexicano que no esté de
acuerdo con esta afirmación. Que lo mismo aplica para alcaldes y para muchísimos
funcionarios públicos. Todos en México sabemos que estamos gobernados por
ladrones. El problema del gobierno de Javier Duarte es que no sólo robó él, sino que
robaron muchos de sus allegados, y robaron mucho cada uno de ellos. Ningún
presupuesto público aguanta tanto robo, y ningún pueblo aguanta tanta desatención
de sus gobernantes. Por eso es emblemático. Porque se excedió aún para los
parámetros de nuestro país y de nuestros gobernantes.
En el caso particular del presidente Peña, no se le perdona que haya sido tan tonto en
su forma de robar, quedando en evidencia ante los ojos del mundo con la casa blanca.
Videgaray perdió la oportunidad de sucederlo por la de Malinalco. Y los demás
presidenciables siguen en la carrera porque han sido más discretos en sus robos a la
nación. Margarita Zavala puede aspirar, porque su marido robó pero supo hacerlo
con la suficiente discreción, aún así, espero que no sea la candidata de Acción
Nacional.
Ahora, cada vez que sale una noticia de Javier Duarte, trato de verla como un
fenómeno de manipulación de masas, a lo cual él más que nadie se presta. La
paráfrasis de la frase de Santiago Montoto causó fiebre en las redes sociales de México
y del mundo. ¿De que nos distrajeron? ¿Por qué desviar la atención de la opinión
pública y de las redes?
Las razones pueden ser muchas. Tener al pueblo de México distraído, permite que no
se exija paz y seguridad, ante un número tal de muertos que en cualquier otro país ya
hubiera hecho caer al gobierno en turno (al de Calderón y al de Peña). Desvía la
atención de la ausencia de justicia. Distrae para no reparar en los pésimos servicios
públicos. Elimina la angustia de pensar que ni en tu casa ni fuera de ella estás seguro.
Evita pensar en un futuro de mayores desgracias para las siguientes generaciones. En
fin, razones para distraer hay muchas, pero casi siempre se refiere a asuntos de corto
plazo, que en menos de una semana se le olvidan a las audiencias.
Pan y circo es la máxima para mantenerse en el poder. A falta de pan, entonces más
circo para los mexicanos.
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El Baldón: ¿Terrorismo fiscal?

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Publicado en Columnistas
Lunes, 10 Julio 2017 09:54

52,839 descripciones para tu nueva factura electrónica

Por: José Miguel Cobián

En mi calidad de contador público, con algo de sentido común, no he salido de mi
sorpresa al conocer el mecanismo que pretende establecer el SAT a partir del 1 de
diciembre 2017 de manera obligatoria, y a partir del 1 de julio 2017 de manera
opcional. Considerando sobre todo, que vivimos en un país con un nivel educativo
que no supera el segundo de secundaria, y con un desconocimiento tecnológico brutal
a nivel de las mayorías.
Resulta que el SAT pretende llevar el registro de cada tipo de producto o servicio
que se comercialice en el país, por cada contribuyente. El equivalente a llevar la
contabilidad de cada uno de nosotros en sus propias computadoras, incluido el
inventario. Así, decidieron que las facturas electrónicas van a contener una serie de
datos que permitan darle seguimiento a cada producto desde que sale de la fábrica, a
cada cultivo desde que es semilla, y a cada servicio. Incluidos los importados. Para
ello diseñaron el nuevo formato de factura electrónica que tendrá en lugar de
conceptos, claves. Así, mediante números podrán llevar toda la estadística (o cuando
menos eso piensan ellos).
80 claves para definir la aduana por la cual ha sido importado o exportado el bien.
52,839 descripciones de lo que se comercializa. 2,418 claves para definir la unidad de
lo que se comercializa. 95,737 códigos postales, porque ahora no vendrá la ciudad
sino el código postal en las facturas. 21 opciones de forma de pago. 3 opciones en el
campo referente a catálogo de impuestos. 2 opciones en cuanto a método de pago.
178 opciones para la moneda con la que se paga. 27,305 opciones en el catálogo de
agentes aduanales. 250 claves para país de origen o destino. 3,134 opciones en el
catálogo de patentes aduanales. 21 opciones para el régimen fiscal. 18 opciones en el
catálogo de tasas o cuotas de impuestos. 5 opciones para tipo de comprobante. 3
opciones para el tipo de factor. 7 opciones para el tipo de relación con el CFDI. 22
opciones para el catálogo de uso de comprobantes.
Apuesto a que terminará el próximo sexenio y no habrá congruencia en la
información que se expida en comprobantes respecto a la realidad del país. El sistema
es tan complicado que a pesar de multar y sancionar los errores que cometan los
contribuyentes, jamás va a proporcionar información completa, si acaso ligeramente
aproximada a lo que la autoridad pretende controlar. Habrá sectores dónde sea fácil
controlar las operaciones y otros dónde será literalmente imposible. Sin embargo, las
pérdidas para el país serán de miles de millones de dólares, ya que al hacer cada día
más complicada la administración de las actividades productivas, los ciudadanos
perderán más tiempo dedicado a cumplir con sus obligaciones fiscales que a producir
riqueza para el país.
El objetivo principal es controlar los ingresos de los súbditos, pues al parecer, a los
gobernantes ya no les alcanza el dinero que nos quitan para continuar con sus robos y
saqueos multimillonarios. Se les olvida que complicar tanto la vida de los gobernados
siempre termina en revoluciones. No recuerdan la historia de los resultados de gravar
con impuestos la ventanas y las mascotas. O simplemente estiran la liga hasta que
ésta se rompa.
Cualquier mexicano entiende que el gobierno promueve las actividades ilegales e
ilícitas al complicar a grados inverosímiles el permanecer dentro de la legalidad.
Cualquier comerciante o industrial entiende lo que ya entendieron los campesinos de
Puebla, que hay menos riesgo, más ganancia y menos trabajo en lo ilegal. Ellos saben
que han robado miles de millones de dólares en combustible y sin embargo, sólo 17
huachicoleros han sido presentados ante las autoridades competentes.
Aquél que paga impuestos, sabe que las carreteras son inseguras e intransitables.
Que la obra pública es mala y lleva siempre un moche. Que la justicia y la seguridad
son inventos que no existen en la realidad cotidiana de México. Que los gobernantes y
funcionarios llegan a robar y enriquecerse (salvo honrosas excepciones), y que el más
pequeño burócrata obtiene recursos mediante moches y mordidas. En México todos
entendemos que el gobierno no sirve, sino que se sirve. De allí partimos a
preguntarnos la razón por la cual quieren más y mayor recaudación, sin no la usan
para lo que se debe, que es para el bien de los propios mexicanos.
Ante esta realidad, cada mexicano que hoy tiene un negocio, un cultivo, o que vende
un servicio, enfrenta la duda de seguir en la formalidad o mejor irse a la informalidad,
dónde sabe que estará seguro, protegido y que si acaso, pagará los impuestos
indirectos que todos pagamos, sin pagar un solo impuesto directo. La informalidad se
convierte así en un refugio ante un gobierno exactor y abusivo.
No sé cuánto aguante más la liga sin romperse. Ya hay ingobernabilidad en muchas
pequeñas porciones del país. El gobierno no es visto como garante de paz y seguridad,
sino como uno más de los enemigos del país. El pueblo tiene un límite, marcado por
el hambre y la desesperación. Cada día nos acercamos más a ese límite. A pesar de
que quien posee las armas y con ellas el control del poder es el propio gobierno.
Porque sabemos que no es el único que las posee.
¿Terrorismo fiscal? ¡Claro que sí!... ¿Exceso de fiscalización cuando no hay
correspondencia en el uso de los recursos públicos? ¡Definitivamente! No cabe otra
definición a lo que busca el SAT. Son tan eficientes que ni los recaudadores de
impuestos de los señores feudales se les comparan. ¡Felicitaciones por ser excelentes
en su trabajo de despedazar a México! Sólo les informo que no va a funcionar. No hay
capacidad técnica para cumplir con lo que piden. No van a obtener la información que
desean. No van a poder eliminar la evasión fiscal, al contrario, con esto, la estimulan.
Nadie querrá ser formal gracias a estas medidas.
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Punto de Vista * La crisis del IPE

Escrito por
Publicado en Columnistas
Viernes, 07 Julio 2017 15:05

Filiberto Vargas Rodríguez

Prefacio.
El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ha tenido que admitir que no cumplió con uno de sus más importantes compromisos de campaña: Abatir la inseguridad en el estado en los primeros seis meses. *** Lo admitió, pero evadió la responsabilidad. Recurrió a la salida fácil de echarle la culpa a los que se fueron y atribuir la violencia a temas que son del ámbito federal, fuera de su alcance. *** Ezra Shabot, analista del periódico El Financiero, tiene un singular análisis sobre ese tema: “El aumento de los actos criminales reportados en los últimos días pretende ser explicado en parte por la inoperante aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio que libera a miles de presos por la falta de pruebas o por procedimientos no apegados a la nueva norma. También, a que el delito de portación de arma sigue siendo considerado como no grave, lo que deja en las calles a personas armadas sin control alguno”. *** “Sin duda estos factores influyen en el crecimiento de los índices delictivos, pero no son suficientes para explicar el aumento de delitos del fuero común y simultáneamente la acción cada vez más violenta y cruel de los sicarios del crimen organizado. En todo caso habría que insistir más en el tema del debilitamiento de los cuerpos de seguridad del Estado, fundamentalmente aquellos cuya responsabilidad se ubica en la esfera de los gobernadores, incluyendo la nula existencia de cuerpos profesionales de inteligencia destinados a infiltrar y neutralizar a las bandas criminales”. *** En opinión de este especialista, “suponer que el aparato federal de seguridad, incluida la rama militar con todo su poderío y penetración a nivel nacional, es suficiente para suministrar la información necesaria y al mismo tiempo combatir en el terreno a los ejércitos delincuenciales, es caer en el mismo error que se viene repitiendo desde el sexenio pasado y durante éste, y en donde ante la negligencia y corrupción de los gobernadores, el poder federal trata de tapar los cráteres en materia de saqueo e ineficiencia para evitar la catástrofe en todo sentido”. *** Señor gobernador, le toca hacer su trabajo.

* * *

¡Ah pero qué fácil resulta criticar al gobierno por su “falta de sensibilidad”, por el “trato inhumano” que le da a pensionados y jubilados, hombres y mujeres que dejaron sus vidas en el servicio público y que ahora batallan para subsistir con una pensión que, además de limitada, llega con retraso y en ocasiones incompleta!
¡Qué fácil es opinar de esos temas desde la comodidad del hogar, o saboreando una deliciosa taza de café en el centro de la ciudad, con un grupo de amigos con los que se trata de “arreglar el mundo”!
La mejor forma de ubicar a esos “genios de café” es trasladándoles la responsabilidad de aquello que tanto critican.
Ya se dieron cuenta los nuevos administradores del gobierno estatal que al Instituto de Pensiones del Estado (IPE) no le alcanza con sus ingresos propios, ni con el subsidio previsto en el presupuesto de egresos de Veracruz, para cubrir puntualmente las pensiones.
Las matemáticas son muy simples: Cada vez son más los pensionados (la esperanza de vida es cada vez mayor) y cada vez son menos los empleados que aportan sus cuotas al IPE.
Este jueves se reunieron en el Palacio Legislativo las partes involucradas en este tema. Diputados locales, dirigentes sindicales, representantes de jubilados y pensionados y funcionarios del Instituto de Pensiones del Estado. Dicen que no llegaron los representantes de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, “porque no les dieron permiso”.
Ante la ausencia de la titular de Sefiplan, Clementina Guerrero, y del actual titular del IPE, Hilario Barcelata, diputados y dirigentes sindicales criticaron la falta de interés de las actuales autoridades para dar solución a uno de los problemas más graves en materia de finanzas que enfrenta el gobierno de Veracruz.
El déficit anual del IPE es de cerca de 2 mil 400 millones de pesos (esto es, 200 millones al mes) y el Presupuesto de Egresos del 2017 (ese que aprobó el Congreso local y que Miguel Ángel Yunes Linares decidió ignorar) apenas consideró 750 millones de pesos como “subsidio” para ese organismo.
El Artículo 98 de la Ley de Pensiones del Estado establece que “de darse el caso de que los recursos del Instituto no bastaren para cumplir con las obligaciones a su cargo establecidas por esta ley, el déficit será cubierto por los patrones, en la proporción que a cada uno corresponda, previa la celebración de convenios especiales”. Pero al final del mismo artículo advierte: “El gobierno del Estado será responsable solidario del cumplimiento de esta obligación”.
Así pues, ante el mandato jurídico y en virtud de que un importante segmento de los afiliados al IPE corresponden al gobierno estatal, es menester que la Secretaría de Finanzas asuma su responsabilidad y respaldo a los pensionados en la medida que se requiere, en tanto se analizan opciones para capitalizar al IPE y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones.
Por allá del 2012 fue presentado un documento firmado por el maestro Rogelio Ladrón de Guevara Domínguez, académico del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas de la Universidad Veracruzana, en el que hace una serie de recomendaciones para mejorar el funcionamiento del IPE. A pesar del tiempo transcurrido, tanto el diagnóstico como las recomendaciones ahí plasmadas conservan vigencia.
“Para sanear las finanzas del Instituto y brindarle una nueva vida, se tiene que diseñar una nueva estrategia primero para conservarlo vivo, después para que se mantenga y tercero para que crezcan sus reservas, para que todos sepan y estén seguros de recibir el 100% de su último sueldo como trabajador activo, para ello, los esfuerzos de la dirección actual y las que vengan después, deberán continuar y fortalecer los planes a corto, mediano y largo plazo, porque esta Institución no es una empresa sexenal sino que es una empresa para toda la vida”, apunta el documento.
Plantea, además una “disciplina estricta de cobro”, pues advierte que uno de los grandes males que han tenido todas las administraciones del IPE, es no tener una disciplina de cobro estricta de las cuotas y aportaciones de los organismos obligados a ello.
Algo que también plantea como necesario para que el IPE mejore en su funcionamiento, es cambiar la forma en que se nombra a su Director: “El Instituto, es una verdadera empresa que requiere de un profesionista altamente capacitado para ser su director, debe conocer la manera más eficiente para administrar y proteger los recursos que maneja el Instituto y sobre todo en sus decisiones tener presente las obligaciones que tendrá en el futuro”.
Esas y muchas aportaciones más están haciendo personas interesadas en el fortalecimiento del IPE. Lo que falta es interés de las autoridades y de los representantes populares en el Congreso local, para poner en marcha una profunda revisión y reforma en el funcionamiento de ese organismo.
¿Pensará Miguel Ángel Yunes Linares que resulta más cómodo “patear el bote” y echarle la culpa a los que se fueron?

* * *

Epílogo.
Que el traslado de Javier Duarte a tierras mexicanas podría darse más pronto de lo previsto. Muy pronto habrán de conocerse las verdaderas motivaciones del exgobernador de Veracruz al allanarse a las solicitudes de extradición. Cuentan que una de las primeras gestiones de su defensa será pedir la comparecencia de Miguel Ángel Yunes Linares, quien legalmente no estaría obligado a acudir, pero lo pondría en un serio predicamento. Ya se verá. *** Más policías federales, más soldados del Ejército, más elementos de la Marina, y la violencia no cesa en Veracruz. Menos grilla y más trabajo por parte del gobierno estatal, quizá eso ayude.

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